El exfiscal de Chihuahua César Gustavo Jáuregui Moreno quedó en prisión preventiva en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano.
El exfiscal de Chihuahua César Gustavo Jáuregui Moreno quedó en prisión preventiva en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusara formalmente del delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional, por presuntamente permitir que agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) participaran en un operativo antidrogas en territorio mexicano sin autorización del Gobierno federal.
La imputación se formuló en la audiencia celebrada el martes ante un juez federal, y en la madrugada de este miércoles el juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes dictó la prisión preventiva oficiosa dentro de la causa penal 408/2026. A petición de la defensa, el juez amplió el plazo constitucional de 72 a 144 horas y fijó la continuación de la audiencia para el próximo sábado 24 de octubre a las 3:00 p. m., cuando resolverá si Jáuregui es vinculado a proceso. La diligencia se desarrolló en su mayor parte a puerta cerrada, a solicitud de la FGR, que argumentó que ventilar testimonios y nombres de funcionarios mexicanos y estadounidenses podría comprometer la seguridad nacional.
Exfiscal de Chihuahua: el operativo de El Pinal que lo llevó al Altiplano
El caso nace de un operativo realizado en abril pasado en la comunidad de El Pinal, en la Sierra Tarahumara, donde fuerzas estatales desmantelaron un laboratorio clandestino de drogas sintéticas. En esa acción participaron dos agentes estadounidenses identificados después como integrantes de la CIA, que según los testimonios recabados por la FGR no actuaron como simples observadores: salieron en convoy desde instalaciones de la Fiscalía estatal, portaban armas largas y llevaban las coordenadas del objetivo.
Al día siguiente del operativo, el vehículo en el que regresaban varios de los participantes cayó por un barranco y murieron cuatro personas: dos agentes de las corporaciones mexicanas y los dos ciudadanos estadounidenses. Ese desenlace convirtió una operación local en un escándalo de soberanía. La fiscal general, Ernestina Godoy, sostuvo que la investigación reunió más de 100 actos de investigación y que quedó establecido que la participación de los agentes extranjeros no estaba justificada, que el entonces exfiscal de Chihuahua no informó a la Federación antes del operativo —aunque sí avisó a los extranjeros— y que la Agencia Estatal de Investigación carecía de facultades para acciones que la Ley de Seguridad Nacional reserva en exclusiva a la Federación.
Dos frentes judiciales y una defensa que rechaza los cargos
El exfiscal de Chihuahua fue detenido el sábado 17 de octubre en su estado por la acusación del fuero común: ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos, también derivada del operativo de abril. El domingo tuvo su primera audiencia estatal y su defensa pidió más tiempo para preparar el caso, por lo que ese frente tendrá una nueva audiencia este jueves, según informó el encargado de despacho de la Fiscalía estatal, Gilberto Loya Chávez. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el lunes la investigación federal y calificó el operativo de abril como «muy irresponsable».
La defensa del exfiscal de Chihuahua rechaza ambas acusaciones y sostiene que Jáuregui no ordenó ni autorizó la participación de agentes extranjeros. El propio imputado pidió que su audiencia federal fuera pública, al considerar los señalamientos de interés nacional, pero el juez mantuvo la reserva solicitada por la Fiscalía. Jáuregui había renunciado a la Fiscalía de Chihuahua el pasado 27 de abril, días después del operativo, tras reconocer fallos institucionales de información y supervisión sobre esa colaboración con personal estadounidense. De ser declarado culpable de traición a la patria, podría enfrentar una pena de entre 5 y 40 años de prisión.
Por qué este caso importa más allá de Chihuahua
La acusación pone sobre la mesa la línea que separa la cooperación antidrogas entre México y Estados Unidos —que ambos gobiernos defienden— de la actuación de agentes extranjeros dentro de territorio mexicano sin el aval federal, una frontera que la legislación mexicana protege con uno de los delitos más graves de su código. No es un debate menor para la relación bilateral: en las últimas semanas, casos como la muerte de un mexicano bajo custodia de ICE, por la que México exigió una investigación, han vuelto a tensar el trato entre los dos países en materia de seguridad y migración.
Lo que decida el juez el sábado marcará el rumbo del proceso: si vincula a proceso al exfiscal de Chihuahua, será la primera vez que un exfiscal general estatal mexicano enfrente un juicio por traición a la patria derivado de un operativo conjunto, un precedente que cualquier fiscalía estatal del país tendrá que mirar de cerca antes de coordinar acciones con agencias extranjeras. Como ocurre en otros procesos judiciales de alto perfil en la región, como el caso UNGRD que avanza en la Corte Suprema de Colombia, la clave estará en las pruebas que la fiscalía logre sostener en audiencia, un terreno que puede seguirse en la cobertura de CNN en Español sobre el caso del exfiscal.
