Una escuela de Fe y Alegría en la comunidad indígena eñepa La Batea, en el municipio Cedeño, al sur del estado Bolívar.
Una escuela de Fe y Alegría en la comunidad indígena eñepa La Batea, en el municipio Cedeño, al sur del estado Bolívar, está siendo ocupada por hombres armados, según denunció este sábado 31 de octubre el coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani. La presencia de los grupos armados obligó a docentes y familias a abandonar el sector por razones de seguridad.
Trapani rechazó la situación a través de su cuenta en X y advirtió que la afectación no se limita a la suspensión de las clases. «Se pierde uno de los principales espacios cotidianos de protección de la niñez», dijo el defensor de derechos humanos, al recordar que el plantel forma parte de la red que Fe y Alegría mantiene desde hace años en las comunidades indígenas de Los Pijiguaos y Las Bateas, en esa zona del estado Bolívar.
Una escuela de Fe y Alegría dejó de ser un espacio seguro
Para Cecodap, cuando hombres armados ocupan una escuela y sus docentes deben salir, se rompe la rutina de los niños, aumenta el miedo y se debilita el vínculo con los maestros. Los riesgos que la organización enumera para la niñez y la adolescencia son múltiples y simultáneos: exposición a la violencia, captación y reclutamiento, utilización para vigilancia o apoyo logístico, secuestro, trata y explotación, violencia sexual, desplazamiento, separación familiar, interrupción escolar y afectaciones psicosociales.
La denuncia subraya además una dimensión propia de la niñez indígena: salir de su comunidad puede significar que un niño se separe de su territorio, de su cultura, de la familia extensa, de sus docentes y de sus autoridades tradicionales. «Proteger a un niño indígena también exige proteger esos vínculos», destacó Trapani.
La alerta sobre La Batea y la vecina Punta Brava también circuló días atrás desde la propia zona: habitantes de ambas comunidades denunciaron la presencia de presuntos integrantes de las FARC de la Segunda Marquetalia, con instalación diaria de alcabalas, retenciones de habitantes y visitas nocturnas que alteraron la paz de las familias indígenas, según esos reportes comunitarios recogidos por la prensa local. Más noticias de Venezuela en nuestra sección.
Un contexto de violencia que viene de atrás
La situación, recordó Trapani, no apareció de un día para otro. En octubre de 2025, el propio Estado venezolano reconoció públicamente la presencia en Los Pijiguaos de grupos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de disidencias de las FARC, y durante 2026 continuaron las alertas sobre presencia armada y control territorial en la zona.
El 2 de agosto de 2026, hombres armados se llevaron al capitán indígena Julio Rodríguez de su comunidad y su cuerpo fue encontrado días después, mientras autoridades indígenas denunciaban incursiones y solicitaban protección. Durante agosto y septiembre siguieron las denuncias de secuestros, amenazas y reclutamiento forzado, y el 5 de octubre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana informó que había inhabilitado una pista clandestina y un campamento logístico de minería ilegal en Los Pijiguaos.
La presión de los grupos armados sobre la frontera y el sur del país también ha movido a los países vecinos: esta misma semana se conoció que Colombia suma al FBI y a Europol a su plan de seguridad en la frontera con Venezuela, en un plan que menciona expresamente al ELN entre las estructuras que operan en la zona limítrofe.
Cecodap pide una respuesta que vaya más allá del plantel
«La respuesta no puede limitarse a retirar a los hombres armados del plantel», insistió Trapani. A su juicio, hay que proteger a las familias y a los docentes, identificar a los niños y adolescentes en riesgo, garantizar la continuidad educativa, prevenir el reclutamiento y la explotación, atender a quienes ya salieron de la comunidad e investigar los hechos.
El coordinador de Cecodap recordó que el Estado conocía desde octubre de 2025 la presencia de grupos armados en Los Pijiguaos, por lo que la protección de la niñez no comienza cuando la violencia entra en una escuela: exige anticiparse para evitar que llegue hasta ella. «Una respuesta efectiva debe lograr algo muy concreto: que un niño indígena pueda permanecer en su comunidad, entrar a su escuela y aprender sin que las armas determinen su vida cotidiana», concluyó.
Hasta el momento de esta publicación no se conocía un pronunciamiento oficial sobre la situación de la escuela de La Batea ni sobre el paradero de los hombres armados señalados en la denuncia.
