La emergencia de servicios públicos en la Gran Caracas dejó de ser una queja vecinal para convertirse este lunes en un planteamiento formal de tres gobiernos locales. Los alcaldes Darwin González, de Baruta; Fernando Melena, de El Hatillo, y Édgar Laya, de Los Salias, comparecieron juntos en rueda de prensa para exigir que se declare la emergencia ante el colapso del suministro eléctrico y de agua que golpea a sus municipios, y para presentar un plan de tres peticiones dirigido al Ejecutivo que encabeza Delcy Rodríguez.
El diagnóstico que compartieron los tres mandatarios es el de un problema estructural: los bajones y las caídas de tensión queman transformadores y apagan los sistemas de bombeo, de modo que cada falla eléctrica se convierte, horas después, en una falla de agua en las zonas altas. Sin luz no hay bombeo, y sin bombeo hay comunidades que pasan semanas esperando que el agua vuelva por la tubería.
Emergencia de servicios públicos: medio millón de vecinos afectados solo en Baruta
Darwin González puso las cifras de Baruta sobre la mesa: la crisis alcanza a más de 500.000 vecinos, en su mayoría adultos mayores, el grupo que menos margen tiene para resolver por su cuenta. El estallido de transformadores y los daños en el tendido eléctrico dejan a oscuras entre dos y seis días seguidos a sectores como El Cafetal, Prados del Este, Santa Fe, El Peñón y Manzanares.
El Hatillo sumó 598 horas sin electricidad en octubre
Fernando Melena aportó el balance de El Hatillo: solo en octubre, el municipio acumuló 598 horas sin servicio eléctrico y más de 55 sectores sufrieron fallas en el suministro de agua. Ante ese vacío, las familias que pueden pagarlo destinan entre 80 y 160 dólares mensuales a camiones cisterna, un gasto que se come el presupuesto de cualquier hogar y que deja fuera a quienes no tienen cómo costearlo.
En Los Salias, Édgar Laya denunció que las fluctuaciones constantes interrumpen el agua hasta por 15 días, una situación que ya forzó la suspensión de actividades escolares en planteles públicos y privados y el cierre temporal de ambulatorios. Cuando la emergencia llega a las escuelas y a los centros de salud, subrayaron los alcaldes, ya no se trata de una incomodidad sino de derechos fundamentales vulnerados. El peso sobre los mayores es conocido: el 77 % de los adultos mayores en Venezuela está en nivel severo o extremo de vulnerabilidad, según el balance más reciente sobre esa población.
Las tres peticiones: contingencia, cuadrillas propias e IVA cero para repuestos
La propuesta conjunta se resume en tres peticiones. La primera es declarar formalmente la contingencia en los servicios públicos de la Gran Caracas, para agilizar la atención de las fallas. La segunda es que gobernaciones y alcaldías queden autorizadas a formar cuadrillas con personal certificado por Corpoelec, capaces de resolver las averías menores sin esperar semanas por una respuesta central. Y la tercera es exonerar el cobro del IVA en la compra de transformadores, luminarias, cables y otros insumos eléctricos, para abaratar y acelerar la reposición de equipos.
Los tres alcaldes pidieron además instalar una mesa de trabajo técnica y permanente con Corpoelec y la empresa hidrológica, bajo el argumento de que, aunque los municipios no tienen la competencia directa sobre la luz y el agua, sí son la primera cara del Estado ante el vecino que lleva días a oscuras. La pelota queda ahora del lado del Ejecutivo: declarar o no la emergencia definirá si la Gran Caracas enfrenta su crisis de servicios con un plan conjunto o sigue apagándose municipio a municipio.