La deportación de migrantes venezolanos desde la base militar de Guantánamo, en Cuba, culminó el jueves por la noche con la llegada a Venezuela de 177 ciudadanos que habían estado detenidos en la controversial instalación. Este vuelo, operado por la aerolínea estatal Conviasa, marca un hito en las relaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que han negociado el retorno de estos migrantes.
Los deportados, que descendieron del avión sin esposas y vestidos con ropa deportiva gris y cubrebocas rojos, fueron recibidos por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. En un evento transmitido en vivo por la estatal Venezolana de Televisión, Cabello aseguró que todos los repatriados recibirían atención médica y que se revisaría su situación legal en el país.
El grupo llegó a Venezuela tras ser trasladado previamente a Honduras, donde fueron entregados a funcionarios del gobierno venezolano. Según informes oficiales, este es el tercer vuelo de repatriación de migrantes venezolanos en lo que va del mes. El primer grupo, compuesto por 190 migrantes, había llegado el 10 de febrero.
Durante la recepción, algunos deportados expresaron su descontento con su experiencia en Guantánamo. «Fuimos secuestrados en ese lugar», se escuchó decir a uno de ellos mientras otros entonaban el Himno Nacional de Venezuela.
Cabello destacó que tras una revisión inicial se identificó que 38 personas del grupo tienen «algún registro policial», aunque enfatizó que esto no implica necesariamente que sean delincuentes. Además, mencionó que uno de los deportados tiene una alerta roja de Interpol por un delito cometido en Ecuador.
La llegada de los migrantes se produce en un contexto tenso entre Estados Unidos y Venezuela. La administración Trump ha sido criticada por su enfoque hacia los migrantes venezolanos, muchos de los cuales han huido del país debido a la crisis socioeconómica y política. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que entre los deportados hay 126 personas con antecedentes penales y 80 supuestamente vinculadas al Tren de Aragua, una organización criminal originaria de Venezuela.
Sin embargo, el gobierno venezolano ha rechazado estas acusaciones, insistiendo en que sus ciudadanos fueron llevados injustamente a Guantánamo. Cabello afirmó: «No es esto ningún gesto de impunidad», subrayando que aquellos con causas abiertas deberán responder ante la justicia venezolana.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) había presentado una demanda recientemente pidiendo acceso a los migrantes en Guantánamo y alegando que se les estaba negando el derecho a un abogado. Esta presión legal ha contribuido al cambio en la política de deportaciones hacia los venezolanos.
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Las reacciones al regreso de estos migrantes han sido diversas. Mientras el gobierno venezolano celebra su retorno como un acto humanitario, defensores de derechos humanos han expresado preocupación sobre las condiciones bajo las cuales fueron detenidos y deportados. La administración Trump ha defendido su estrategia como necesaria para eliminar a criminales extranjeros del país.
El presidente Maduro ha afirmado que los deportados no son delincuentes y los ha recibido como «una fuerza productiva» para el país. Sin embargo, las implicaciones legales para aquellos con antecedentes penales aún están por verse.
