El médico cirujano Eduardo Ignacio Madrid Vásquez, de 29 años, fue excarcelado el domingo 15 de diciembre tras haber pasado más de cuatro meses detenido en el contexto de las protestas que estallaron en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Su arresto se produjo el 29 de julio en la ciudad de Valera, estado Trujillo, mientras se dirigía a su lugar de trabajo en un ambulatorio rural. La detención de Madrid ha suscitado una ola de indignación y ha puesto de relieve las preocupaciones sobre los derechos humanos y la situación política en el país.
Eduardo Madrid, egresado de la Universidad de Los Andes, fue arrestado por funcionarios estatales en un ambiente marcado por la represión hacia aquellos que se manifestaban en contra del resultado electoral que proclamó a Nicolás Maduro como ganador. Desde su detención, Madrid fue trasladado primero al Centro de Coordinación Policial Nº 2 en Valera y luego a la cárcel de Tocuyito, donde permaneció hasta su liberación.
Durante su tiempo en prisión, sus familiares denunciaron públicamente las difíciles condiciones que enfrentaba y la injusticia de su caso.La familia de Madrid insistió en que su única aspiración era ejercer la medicina con compromiso y ética. Sin embargo, su carrera profesional se vio abruptamente interrumpida por un arresto que muchos consideran arbitrario.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos destacó que Eduardo estaba cumpliendo con sus deberes como médico rural cuando fue detenido, lo cual contradice el artículo 8 de la Ley de Medicina de Venezuela.
La noticia de la excarcelación fue recibida con alivio por parte de sus familiares y defensores de derechos humanos. La ONG mencionó: “Celebramos con su familia, que no dejó de luchar para lograr su vuelta a la libertad. Nunca debió estar preso”. Esta liberación forma parte de un patrón más amplio, ya que el Ministerio Público anunció que un total de 533 personas han sido excarceladas desde las elecciones presidenciales debido a solicitudes de revisión procesal.
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El fiscal general Tarek William Saab informó que entre el 10 y el 14 de diciembre se solicitaron 179 revisiones de medidas procesales, aprobadas por el Poder Judicial. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la legitimidad del proceso judicial en estos casos, señalando que muchos arrestos fueron realizados bajo circunstancias irregulares y con un claro carácter político.
