La devolución de activos expropiados sigue siendo, por ahora, un anuncio sin papeles. El exdiputado y experto energético Elías Matta exigió este miércoles 18 de noviembre en Caracas que el Gobierno explique por qué, más de siete meses después de instalada la comisión encargada de evaluar los bienes públicos y casi tres semanas después de anunciado el proceso, todavía no existe una sola señal concreta de su inicio, mientras empresas, plantas e instalaciones siguen deteriorándose.
Matta calificó el anuncio oficial como el reconocimiento de un error histórico y advirtió que cualquier devolución o venta de activos en manos del Estado solo será legítima si se desarrolla con absoluta transparencia, mediante licitaciones públicas abiertas y mecanismos de participación a través de la Bolsa de Valores de Caracas.
Devolución de activos expropiados: siete meses de comisión y ningún activo devuelto
«Han transcurrido más de siete meses desde la instalación de la comisión y casi tres semanas desde que se anunció, con bombos y platillos, que el proceso estaba avanzado. Sin embargo, hasta hoy no se conoce una sola lista, un cronograma ni un activo devuelto. Mientras tanto, los galpones se desmantelan, las máquinas se oxidan y los trabajadores siguen esperando. Cada día de retraso representa patrimonio que se pierde y valor que ningún inversionista estará dispuesto a pagar después», sentenció el exparlamentario.
Según recordó, ni siquiera existe todavía un inventario completo de los activos que podrían ser restituidos, de acuerdo con los reportes de prensa que citó. «Le exigimos al Gobierno que informe cuándo comenzará el proceso, cuáles serán los activos incluidos y bajo qué reglas se llevará a cabo», manifestó. La Comisión Especial para la Evaluación y Clasificación de Activos Públicos fue instalada el 8 de abril, con el empresario Luigi Pisella como representante del sector privado.
El caso Sidor y las demandas que dejaron las nacionalizaciones
Para Matta, lo que hoy se presenta como una nueva política económica es, en realidad, el reconocimiento tácito del fracaso del plan de expropiaciones. Durante años, sostuvo, se despojaron empresas que producían, generaban empleos y pagaban impuestos, muchas de las cuales hoy están paralizadas, endeudadas o convertidas en chatarra. «Basta ver lo que ocurrió con Sidor. El país pagó dos veces: perdió capacidad productiva y quedó expuesto a demandas internacionales que todavía no se han resuelto», destacó.
Las nacionalizaciones ordenadas durante el gobierno de Hugo Chávez originaron más de una docena de reclamaciones de arbitraje internacional que permanecen sin resolución. El debate se cruza con otras discusiones abiertas sobre el manejo de los recursos del Estado, como la exigencia de cuentas sobre los ingresos petroleros de Venezuela y los reparos de expertos a la reforma petrolera en discusión.
Lo que ordena la Constitución, según Matta
El exdiputado recordó que el artículo 115 de la Constitución garantiza el derecho de propiedad y establece que la expropiación solo procede por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y el pago oportuno de una justa indemnización, mientras el artículo 116 prohíbe la confiscación de bienes salvo en los casos expresamente previstos en la Carta Magna.
«La propiedad privada no es una concesión del gobierno de turno, sino un derecho constitucional. Si se hubiese respetado la Constitución, hoy no estaríamos hablando de devolver lo que nunca debió quitarse. Por eso, el primer paso debe ser restituir a sus legítimos propietarios los bienes que les fueron arrebatados sin indemnización y resolver, de manera ordenada, los pasivos derivados de esas expropiaciones», sostuvo. Y fue más allá: quienes fueron despojados sin compensación deben recuperar su propiedad y ser indemnizados por los daños del tiempo en que estuvo bajo administración estatal. «No basta con entregar las llaves de unas instalaciones desmanteladas: el Estado tiene que responder por lo que destruyó», afirmó.
Bolsa de Valores y licitaciones abiertas, la fórmula que propone
El pasado 29 de octubre, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el proceso sin ofrecer detalles de su ejecución, y afirmó entonces que la propiedad privada es un derecho protegido por la Constitución. Para Matta, esa frase «constituye una confesión»: si hoy se reconoce esa garantía, se admite que las expropiaciones la vulneraron, y quienes ejecutaron ese plan «le deben al país, por lo menos, el reconocimiento del daño causado».
Como mecanismo de transparencia, propuso que los activos destinados a la venta se ofrezcan a través de la Bolsa de Valores, para que cualquier ciudadano, fondo de inversión o inversionista pueda adquirir acciones en igualdad de condiciones y con precios fijados por el mercado, y que el resto de los bienes se adjudique en licitaciones públicas, abiertas, nacionales e internacionales, con pliegos publicados, valoraciones de firmas independientes y actos públicos de apertura de ofertas. «La bolsa democratiza la propiedad y permite establecer el precio real de los activos; la licitación abierta impide que todo termine en manos de unos pocos amigos del poder», afirmó.
Su cierre apuntó a la seguridad jurídica como condición para atraer inversión: «Ningún inversionista serio va a comprar un activo si no tiene la certeza de que mañana no se lo van a volver a quitar. Lo que está en juego no es solamente la venta de empresas, sino la reconstrucción de la confianza en que en Venezuela se respeta la propiedad. Si este proceso se hace a oscuras, será otro despojo con distinto nombre; si se hace con transparencia, puede convertirse en el comienzo de la recuperación productiva del país», concluyó.
Por qué importa: la devolución de activos toca de frente a empresarios, trabajadores y familias venezolanas —dentro y fuera del país— que perdieron empresas, fincas y galpones en la ola de expropiaciones, y su desenlace medirá si el giro económico anunciado por Caracas viene con reglas verificables o se queda en un anuncio más.