Las denuncias falsas de copyright se convirtieron en otra herramienta para censurar a la prensa venezolana en las redes sociales.
Las denuncias falsas de copyright se convirtieron en otra herramienta para censurar a la prensa venezolana en las redes sociales. Así lo alertó la organización VE Sin Filtro, que monitorea los bloqueos y las restricciones en el ecosistema digital del país, en un pronunciamiento divulgado este martes 27 de octubre y reseñado por el medio TalCual.
Según la alerta, actores interesados en sacar de circulación contenidos incómodos no necesitan demostrar que una información sea falsa ni refutarla: les basta con reportar ante las plataformas una supuesta violación de derechos de autor para intentar que el contenido sea retirado o que la cuenta que lo difundió quede suspendida.
Denuncias falsas de copyright: un atajo para silenciar
El mecanismo resulta atractivo para quien busca opacidad por una razón sencilla: una reclamación de copyright no discute el fondo de la información. No exige probar que el dato sea incorrecto ni convencer al público de lo contrario; su objetivo práctico es mucho más directo, lograr que la publicación desaparezca o que el medio pierda su canal de difusión mientras apela la medida.
Analistas de la desinformación en Venezuela han advertido que esta práctica forma parte de un repertorio más amplio de hostigamiento digital. Una investigación de la organización Cazadores de Fake News identificó recientemente una operación digital inauténtica que favorecía al empresario Alejandro Betancourt y atacaba a medios y periodistas que habían investigado sus actividades, con al menos 75 cuentas inauténticas en X, 13 sitios web que simulaban ser medios regionales y seis falsos noticieros en Instagram.
Cuentas de medios ya suspendidas por esta vía
El balance semestral de libertad de expresión de la organización Un Mundo Sin Mordaza registró al menos seis casos de suspensión de cuentas en redes sociales de medios de comunicación y creadores de contenido noticioso. Entre los afectados figuran La Gran Aldea, Armando.info, Con La Lupa, la periodista Johanna Peña, El Pitazo y la cuenta Kilómetro.
De acuerdo con ese registro, los objetivos fueron atacados por una red de bots y cuentas inauténticas que Cazadores de Fake News identificó como agresora, aunque hasta ahora no se ha establecido quién coordina esas cuentas ni quién financia la operación.
Por qué la suspensión de una cuenta golpea tan fuerte
Para un medio digital venezolano, sus cuentas en redes sociales no son un adorno: son, con frecuencia, su principal vía de llegada a la audiencia, en especial cuando su sitio web ya enfrenta bloqueos de los proveedores de internet. Una suspensión, aunque luego sea revertida en apelación, interrumpe esa difusión durante días, borra el alcance acumulado de las publicaciones señaladas y obliga a la redacción a gastar tiempo en reclamos administrativos en lugar de informar. Por eso las organizaciones de libertad de expresión consideran estas denuncias fraudulentas una forma de censura indirecta: no prohíben al medio, pero lo dejan temporalmente sin voz ante su público.
Un patrón que se suma a los bloqueos en internet
La alerta de VE Sin Filtro se suma a su monitoreo permanente de la censura en línea. La organización denunció a comienzos de octubre que, de los 200 dominios que vigilaba a principios de septiembre, solo 45 habían sido liberados en la totalidad de los proveedores medidos y 143 continuaban restringidos, entre ellos portales de noticias y herramientas para evadir la censura.
Ese cerco también alcanza a los servicios que permiten sortearlo: VE Sin Filtro ha documentado además el bloqueo de aplicaciones VPN en el país, en un entorno que la organización Freedom House volvió a calificar esta semana como «no libre», con una puntuación de 26 sobre 100 en libertad en internet para el país.
Para VE Sin Filtro, el uso fraudulento de las reclamaciones de derechos de autor confirma que la censura ya no se ejerce solo bloqueando sitios web: también se traslada a las plataformas donde hoy se informan millones de venezolanos, con denuncias que, de prosperar, pueden dejar fuera de circulación a un medio sin que nadie tenga que responder por el contenido que se quiso ocultar.
