La denuncia de Petro contra Tarazona abrió este miércoles 18 de noviembre un nuevo frente.
La denuncia de Petro contra Tarazona abrió este miércoles 18 de noviembre un nuevo frente en la pelea por la verdad del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. La firma Víctor Mosquera Marín Abogados, que representa a la familia del senador asesinado, rechazó el anuncio del expresidente Gustavo Petro de denunciar por calumnia a María Claudia Tarazona y lo calificó como un presunto intento de intimidación contra las víctimas.
«Exigir verdad y justicia no puede convertirse en motivo de intimidación para las víctimas», señaló la firma en su comunicado. Los abogados anunciaron que seguirán usando todos los mecanismos judiciales disponibles para proteger los derechos de Tarazona y de su familia, y que el reclamo de esclarecimiento del crimen no se detendrá por la vía de las denuncias anunciadas.
Denuncia de Petro contra Tarazona: el origen del choque
La controversia estalló tras las declaraciones de Tarazona en el Primer Simposio de Seguridad, realizado el martes 17 de noviembre en Bogotá. Allí, la viuda cuestionó que la investigación sobre la autoría intelectual del magnicidio se concentre en integrantes de la Segunda Marquetalia y manifestó sospechas sobre una eventual relación de Gustavo Petro y Nicolás Maduro con quienes habrían ordenado el asesinato, una acusación que esta casa recogió en la nota sobre las palabras de la viuda en el simposio.
Petro reaccionó en su cuenta de X y pidió a su abogado, Alejandro Carranza, presentar de inmediato la denuncia por calumnia. «Vuelvo a solicitarle a mi abogado Alejandro Carranza denuncia inmediata por calumnia a la señora Tarazona», escribió el expresidente, según recogió Publimetro Colombia al dar a conocer la respuesta de la defensa.
La defensa pide mirar la protección que tuvo Uribe Turbay
El pronunciamiento de los abogados no se limitó a responder el anuncio. También recordó la denuncia presentada contra Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por un presunto hostigamiento contra Miguel Uribe Turbay, y pidió investigar decisiones relacionadas con José Aldinever Sierra Sabogal, alias «Zarco Aldinever», señalado en las pesquisas del magnicidio: en concreto, la suspensión de órdenes de captura contra ese integrante de una organización armada ilegal y si esas decisiones tuvieron alguna incidencia en el caso.
La firma insistió además en esclarecer las posibles fallas del esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que rodeaba al senador. Uribe Turbay fue atacado el 7 de junio de 2025 durante un acto político en Bogotá y falleció el 11 de agosto de ese año, después de más de dos meses hospitalizado. Más contexto del caso y de la agenda política colombiana puede seguirse en la cobertura de Colombia de La Noticia De Hoy.
Un caso que sigue abierto y sin decisión judicial
Por ahora, el choque continúa en el terreno de las declaraciones y de las actuaciones judiciales anunciadas. La Fiscalía sigue investigando el magnicidio y no existe una decisión judicial que vincule a Gustavo Petro o a Nicolás Maduro con la orden de cometer el crimen, un punto que la propia cobertura del caso ha subrayado desde el primer día. Lo que sí quedó claro este miércoles es que la familia de Uribe Turbay no piensa bajar el tono: su defensa convirtió la denuncia anunciada en un nuevo argumento para exigir, en público y ante los jueces, que se esclarezca quién ordenó matar al senador.