La capacidad jurídica de los adultos mayores no se pierde por cumplir años.
La capacidad jurídica de los adultos mayores no se pierde por cumplir años. Así lo reiteró la Corte Suprema de Justicia de Colombia al estudiar el caso de una mujer de 81 años, cuyos contratos habían sido cuestionados por su edad: el alto tribunal revivió esos acuerdos y dejó claro que ninguna persona puede ser tratada como incapaz solo por ser mayor.
La decisión, divulgada este miércoles 18 de noviembre, vuelve a poner sobre la mesa un problema cotidiano en notarías y juzgados: familiares, bancos y contrapartes que dudan de la firma de una persona mayor y le exigen demostrar que sigue siendo capaz de decidir sobre su propio patrimonio.
Capacidad jurídica de los adultos mayores: lo que resolvió la Corte
Según explicó la Corte, para desconocer la voluntad de una persona debe existir evidencia de que no decidió con conocimiento y voluntad. No bastan las suposiciones ligadas a su edad ni a su condición de adulto mayor, y tampoco corresponde a los mayores demostrar de forma permanente que conservan sus capacidades para ejercer sus derechos.
En la práctica, eso significa que un adulto mayor no tiene que cargar con un certificado de lucidez mental para hacer un trámite o formalizar un acuerdo. «Si usted es una persona mayor, cumplir años no lo vuelve incapaz de firmar un contrato, un testamento o una escritura», afirmó Patricia Guzmán, magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Ni la edad ni un diagnóstico bastan para anular una firma
El médico geriatra Robinson Cuadros explicó que tampoco se debe presumir la incapacidad jurídica únicamente por un diagnóstico. Lo importante, señaló, es acompañar estos procesos para establecer si las decisiones se están tomando libremente o si existen factores como presión familiar, engaños o intereses de terceros.
Octavio Augusto Tejeiro, expresidente de la Sala Civil, recordó que la legislación colombiana presume la capacidad jurídica de todas las personas y citó la Ley 1996 de 2019, que reconoce la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Puede haber situaciones excepcionales de disminución cognitiva, aclaró, pero esa condición debe demostrarse y nunca darse por sentada: «El ordenamiento jurídico colombiano presume la plena capacidad de las personas aún hasta su muerte», concluyó.
Qué cambia en notarías y para las familias
Desde el ámbito notarial, Mauricio García Herreros, notario 12 de Bogotá, recordó que la edad no es un impedimento para realizar trámites y que la labor de los notarios es verificar que la persona pueda manifestar su voluntad de manera inequívoca. García Herreros contó que ha visto personas de 90 años con «una lucidez mental estupenda, envidiable», y también personas menores cuya lucidez no es la misma.
Para las familias colombianas —incluidas las que viven fuera del país y ayudan a sus padres a vender un inmueble, firmar un poder o ordenar una herencia— el fallo aporta una certeza concreta: un contrato no se cae solo por la edad del firmante, y quien quiera anularlo tendrá que probar la falta de voluntad, no los años. Es la misma lógica de protección de derechos que siguen de cerca los hogares en frentes como la condonación de intereses del Icetex para 77.910 deudores o la negociación del salario mínimo de 2027 en Colombia: decisiones que se toman en Bogotá y terminan pesando en el bolsillo y en los papeles de toda la familia.