Estados Unidos

Demanda contra el HUD por la ayuda de vivienda pone en riesgo a 1.709 familias de Los Ángeles

La demanda contra el HUD por la ayuda de vivienda ya está en un tribunal federal de California.

La demanda contra el HUD por la ayuda de vivienda ya está en un tribunal federal de California. Public Counsel, una organización jurídica sin fines de lucro con sede en Los Ángeles, demandó al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos para detener la nueva norma que restringe el acceso a la asistencia federal de vivienda a las familias con miembros indocumentados, una medida que debe entrar en vigor a mediados de diciembre.

La querella se presentó la noche del lunes en nombre de tres personas, entre ellas ciudadanos estadounidenses, que hoy residen en viviendas públicas de Los Ángeles y que se verían directamente afectadas. El golpe no es menor: según datos de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (HACLA), más de 1.709 familias de estatus migratorio mixto reciben actualmente asistencia para vivienda pública en la ciudad.

Demanda contra el HUD por la ayuda de vivienda: qué cambia la norma

La nueva regla exige verificar la ciudadanía estadounidense o el estatus migratorio elegible de todos los solicitantes y beneficiarios de los programas de asistencia, sin importar su edad. Hasta ahora, las familias mixtas podían recibir una ayuda prorrateada que cubría solo a los miembros que sí cumplían los requisitos, sin perder el techo común.

Con la norma del HUD, esa ayuda prorrateada se convertiría en un beneficio temporal. En la práctica, muchas familias quedarían ante una disyuntiva durísima: perder el apoyo para su vivienda o separarse para conservarlo, justo en una de las ciudades con el alquiler más caro del país.

El argumento: esa potestad es del Congreso

La demanda, citada por Los Angeles Times, sostiene que el HUD no tiene la facultad de hacer un cambio de esta naturaleza, porque fue el Congreso el que promulgó la norma original que permitía a las familias de estatus mixto residir juntas. El secretario del HUD, Scott Turner, defendió la semana pasada la medida: dijo que responde a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que restringe el acceso de los inmigrantes irregulares a los programas de asistencia social financiados por el Gobierno, y aseguró que cerca de 200.000 inquilinos con ayuda federal tenían una verificación de elegibilidad incompleta o desconocida.

El contexto agrava el alcance de la pelea: las viviendas financiadas por el HUD solo cubren a una cuarta parte de los hogares elegibles que necesitan ayuda en Estados Unidos, por lo que cada recorte se siente de inmediato en las listas de espera.

Un frente judicial más contra la política migratoria

El caso se suma a una cadena de batallas legales que ya han frenado otras piezas de la agenda migratoria del Gobierno, como cuando un juez tumbó el plan para poner fecha límite a las visas de estudiantes y prensa extranjera. En California, el temor a las redadas ya se siente en la vida diaria, desde las protestas contra ICE en Modesto hasta el absentismo escolar por temor a ICE que vacía aulas en el país.

Para las familias venezolanas y latinas que viven de un subsidio de vivienda en Los Ángeles, la demanda contra el HUD por la ayuda de vivienda es ahora la línea que separa conservar el hogar o perderlo en diciembre: la decisión queda en manos del tribunal federal que recibió la querella.

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