Las visas de estudiantes extranjeros y de los corresponsales foráneos en Estados Unidos quedaron este lunes a salvo de la reforma que pretendía ponerles fecha de caducidad. Un juez federal anuló la norma impulsada por el Gobierno del presidente Donald Trump que imponía plazos fijos de permanencia y un sistema de renovaciones sometido a una amplia discrecionalidad de las autoridades migratorias.
El fallo lo dictó el juez Dennis Saylor, de Massachusetts, al dar la razón a las organizaciones educativas y sindicales que habían impugnado la medida. En su resolución, el magistrado concluyó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) actuó de forma «arbitraria y caprichosa» y «contraria a la ley» al plantear el cambio, y que el Ejecutivo no justificó de manera adecuada una reforma defendida con el argumento de combatir el fraude migratorio y reforzar la seguridad nacional.
Visas de estudiantes extranjeros: qué plazos quería imponer la norma
La disposición, propuesta por la Administración Trump en julio y que debía entrar en vigor en septiembre, alcanzaba a tres categorías: la F, de los estudiantes académicos; la J, de los visitantes de intercambio; y la I, de los representantes de medios de comunicación extranjeros. Para las dos primeras fijaba un máximo de cuatro años por cada periodo de admisión. Para los periodistas con visa I, el techo era de 240 días, y de apenas 90 días si el titular viajaba con pasaporte chino, siempre con la posibilidad de pedir prórrogas bajo el nuevo procedimiento.
Saylor ya había suspendido cautelarmente la aplicación de la norma en septiembre, al considerar «excepcionalmente débil» la justificación del Gobierno. Ahora, con el fallo de fondo de este lunes, la reforma queda anulada, aunque el Ejecutivo todavía puede recurrir: la Administración ya había apelado ante un tribunal federal de apelaciones aquella suspensión del 14 de septiembre y ese recurso seguía pendiente cuando se conoció la nueva sentencia.
Un límite que también frenaba los cambios de carrera
El juez fue más allá del calendario. En su análisis, la Administración se extralimitó en su autoridad al imponer restricciones capaces de dificultar la movilidad académica de los estudiantes, por ejemplo al cambiar de especialidad o al cursar programas de estudios conjuntos, dos movimientos habituales en la vida universitaria que con plazos rígidos y renovaciones discrecionales habrían quedado en el aire.
En la práctica, mientras no prospere una apelación, los estudiantes y periodistas extranjeros mantienen el esquema anterior: su permanencia sigue atada a la vigencia de sus estudios o de su acreditación, y no a un reloj fijo de cuatro años marcado por el DHS.