Un tribunal federal de apelaciones asestó este martes 17 de noviembre el golpe jurídico más duro hasta ahora contra la esperanza de regularización de los cubanos con I-220A. El Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito determinó que ese formulario, con el que cientos de miles de cubanos fueron liberados tras cruzar la frontera, no permite por sí solo obtener la residencia permanente a través de la Ley de Ajuste Cubano.
La decisión llega después de años de incertidumbre para una comunidad entera que entró a Estados Unidos, recibió el I-220A al ser liberada y esperó cumplir el año de presencia física en el país para pedir su green card bajo la histórica ley de 1966. Para todos ellos, el mensaje del tribunal es directo: ese papel no equivale al parole que la Ley de Ajuste exige.
Por qué los cubanos con I-220A quedan fuera del Ajuste, según el tribunal
El razonamiento de los jueces es técnico, pero sus consecuencias son muy humanas. El tribunal concluyó que el I-220A es una «libertad bajo palabra» (release on recognizance) amparada en la sección 1226 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una figura jurídicamente distinta del parole humanitario previsto en la sección 212(d)(5)(A) de esa misma ley.
Esa distinción es el corazón del caso, porque la Ley de Ajuste Cubano solo permite ajustar el estatus a quien haya sido inspeccionado y admitido en el país o haya recibido precisamente un parole. Al no ser el I-220A un parole «a efectos de la ley», en palabras del abogado Ismael Labrador al explicar el fallo, la puerta de la residencia por esa vía queda cerrada para quienes solo tienen ese documento.
Labrador, citado en la página del periodista Mario J. Pentón, subrayó que para obtener la residencia permanente por el Ajuste «necesitas tener un parole humanitario o una I-94». Dicho de otro modo: no basta haber sido liberado en la frontera con un I-220A, ni haber cumplido el año de presencia física, si el documento de entrada no es el que la ley reconoce.
El caso Aguilar-Fernández y un precedente que manda en tres estados
El fallo se emitió en el caso Aguilar-Fernández contra el fiscal general de Estados Unidos, que corresponde a una familia cubana liberada en la frontera en 2021. Aunque nace de un caso concreto, su alcance va mucho más lejos: al tratarse del Onceno Circuito, la decisión es un precedente vinculante para los tribunales federales de Florida, Georgia y Alabama.
Eso significa que en Florida, donde vive la mayor comunidad cubana del país, los jueces de inmigración y las cortes federales deberán aplicar este criterio en los casos de residencia bajo la Ley de Ajuste presentados por personas con I-220A. Abogados consultados tras conocerse la decisión la describieron como «un cubo de agua fría» para cientos de miles de cubanos que aguardaban esa vía.
El propio tribunal recordó los requisitos clásicos de la Ley de Ajuste: ser nativo o ciudadano de Cuba, haber sido inspeccionado y admitido o puesto en libertad condicional en Estados Unidos después del 1 de enero de 1959, haber estado físicamente presente en el país durante al menos un año y ser elegible para recibir una visa de inmigrante. El choque está en el segundo requisito: la corte entiende que el I-220A no satisface esa condición de parole.
Lo que se sabe hasta ahora
El fallo no ordena deportaciones. Tener un I-220A y perder la vía del Ajuste no significa una orden de deportación automática.
La demanda colectiva sigue viva. El fallo no desestimó el caso Bello-Rubio contra Noem, presentado por 992 cubanos en Florida que buscan que sus liberaciones sean reconocidas como parole, aunque el nuevo precedente hace ese camino más difícil.
El asilo no desaparece. La decisión no elimina el derecho a pedir asilo ni otras defensas ante la Corte de Inmigración.
El precedente es vinculante en Florida, Georgia y Alabama, los tres estados bajo la jurisdicción del Onceno Circuito.
El asilo pasa a ser la vía central para miles de familias
La abogada de inmigración Yelena Guerra advirtió que el fallo sienta un «mal precedente» para quienes presenten su residencia en corte bajo la Ley de Ajuste con un I-220A. Su lectura práctica es clara: «de ahora en adelante, vamos a tener que poner mucho más esfuerzo en los casos de asilo para intentar ganarlos en las cortes».
Ese giro tiene un peso enorme en la vida diaria de la diáspora. El ambiente migratorio ya venía tenso para las comunidades latinas en Estados Unidos, como lo muestran episodios recientes recogidos por este medio, desde la protesta contra ICE en Modesto hasta el absentismo escolar por temor a ICE en varias ciudades. Para los cubanos recién llegados, la diferencia entre un parole y un I-220A era hasta ahora una discusión de abogados; desde este martes es la línea que separa la residencia de la incertidumbre.
El contraste con otras comunidades también es evidente: mientras los venezolanos migrantes podrán juntar sus años de cotización en 13 países para cobrar una pensión, los cubanos con I-220A ven cómo se estrecha su principal camino legal después de haber construido ya años de vida, trabajo y familia en Estados Unidos.
Por qué importa
El I-220A fue durante años el documento de entrada de una de las oleadas migratorias cubanas más grandes de la historia reciente. Cientos de miles de personas organizaron su futuro alrededor de una expectativa razonable: cumplir un año y un día en el país y ajustar su estatus como hicieron generaciones anteriores de cubanos. El fallo del Onceno Circuito no les quita el derecho a defenderse en corte ni a pedir asilo, pero sí les retira la vía más directa y previsible hacia la residencia.
A partir de ahora, cada caso dependerá mucho más de la estrategia legal individual: reforzar el asilo, revisar si existe otra vía familiar o laboral y seguir de cerca la demanda colectiva Bello-Rubio. Para las familias cubanas de Florida, Georgia y Alabama, la recomendación de los especialistas es no dar ningún paso sin asesoría legal actualizada, porque el criterio que aplicarán los jueces de su zona acaba de cambiar.