La intensificación del conflicto armado en la región del Catatumbo, ubicada en el noreste de Colombia y fronteriza con Venezuela, ha dejado a unas 80,000 personas en una situación de extrema vulnerabilidad, requiriendo asistencia humanitaria urgente. Así lo alertó este viernes el Consejo Noruego de Refugiados (NRC), una organización no gubernamental con sede en Ginebra y con amplia experiencia en programas de asistencia a desplazados en Colombia.
Crisis en Colombia
La crisis, que se agudizó a partir del 16 de enero, ha generado el desplazamiento de 52,000 personas, mientras que otras 8,000 se encuentran confinadas en sus hogares y 19,000 sufren restricciones de movimiento debido a los intensos combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC.
«En solo 30 días, el número de desplazados en la región ya supera el total registrado en todo el país (51,000) en los 12 meses de 2024», señaló Jessica Wanless, responsable de comunicaciones de NRC, subrayando la gravedad de la situación.
La Defensora del Pueblo Iris Marín, ha dicho que “este es el desplazamiento masivo más grande registrado en los últimos 27 años en Colombia” y que sólo en los primeros 24 días de 2025 el número de desplazados ya superó la cifra total registrada durante todo 2024. El riesgo de desplazamiento, advertido en las alertas tempranas, se ha convertido en una verdadera papa caliente para el gobierno colombiano.
Además de los desplazamientos masivos, la violencia ha causado al menos 57 muertes confirmadas, aunque se teme que la cifra real sea mucho mayor. Los combates entre disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional han devastado la región colombiana del Catatumbo. Los enfrentamientos entre el ELN y la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) causaron el desplazamiento de cerca de 50 000 personas entre 2018 y 2020.
El NRC denunció que los grupos armados están obstaculizando el acceso de la ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas, lo que agrava aún más la situación de miles de familias que dependen de esta asistencia para sobrevivir.
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Ante esta crítica situación, Giovanni Rizzo, responsable en Colombia del NRC, hizo un llamado urgente al gobierno colombiano para que priorice la protección de los civiles en el Catatumbo y en todo el país. «Colombia no puede aceptar esta situación como una nueva normalidad», enfatizó Rizzo.
El Senado también pidió más acciones para aliviar la crisis humanitaria que sigue aquejando al Catatumbo, tras el recrudecimiento del conflicto en las últimas semanas.
La presidenta de Save the Children Colombia, María Mercedes Liévano, ha asegurado que “la violencia en Colombia es terrible, con desplazamientos forzados, niños, niñas y adolescentes que no pueden ir a la escuela, víctimas de violencia sexual, miedo al secuestro y familias destrozadas”.
La crisis en el Catatumbo se enmarca en un contexto de conflicto prolongado entre diversos grupos armados que se disputan el control territorial y los recursos naturales de la región. Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, es la crisis humanitaria y de desplazamiento forzado más grande que se halla registrando superando a la más grande registrada en 1997.
Además en el Catatumbo también hacen presencia Los Pelusos (en guerra con el ELN desde 2018) y el Clan del Golfo. Todos estos grupos y acciones están relacionados con el control sobre el narcotráfico y la minería ilegal. Además estos grupos se financian con el contrabando, el secuestro y la extorsión.
La situación se ha visto agravada por la suspensión de las negociaciones de paz con el ELN y la formalización de una polémica unión entre Colombia y el régimen venezolano para atacar a esta guerrilla.
