Estados Unidos

Contratos del muro fronterizo bajo la lupa: 23 congresistas piden auditar 7.500 millones en Texas

Los contratos del muro fronterizo en Texas entraron este lunes en el centro de una tormenta política en Washington.

Los contratos del muro fronterizo en Texas entraron este lunes en el centro de una tormenta política en Washington. Un grupo de 23 congresistas demócratas pidió formalmente al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que audite la adjudicación de casi 7.500 millones de dólares destinados a ampliar el muro en la región de Big Bend, al oeste de Texas, por sospechas de irregularidades y favoritismo en la entrega de las obras.

La solicitud, impulsada por representantes texanos como Lloyd Doggett, Verónica Escobar, Greg Casar y Joaquín Castro, exige transparencia sobre el uso de los fondos federales en una construcción que el Ejecutivo ha empujado eximiéndose de diversas normativas habituales. Para los firmantes, los contribuyentes merecen la certeza de que las decisiones sobre la frontera responden a necesidades públicas legítimas y no a influencias políticas o intereses privados.

Contratos del muro fronterizo: dos empresas se quedaron con casi todo

El documento parlamentario apunta a dos compañías: Barnard Construction y Fisher Sand & Gravel, que entre ambas acapararon cuatro de los cinco contratos otorgados para levantar las barreras en ese sector texano. Los legisladores recuerdan que el fundador de Barnard, Tim Barnard, aportó cerca de un millón de dólares a comités de recaudación de la campaña presidencial de Donald Trump en 2024.

El segundo señalamiento toca a la Casa Blanca actual: según la carta, Fisher Sand & Gravel contrató en 2021 los servicios de cabildeo en Texas de Tom Homan, hoy responsable de la política fronteriza del Gobierno, cuando este dirigía una consultora privada. Esos vínculos, sostienen los congresistas, obligan a un escrutinio independiente antes de que el desembolso siga avanzando.

Big Bend: el parque nacional y la cifra que no cuadra

El proyecto interviene áreas dentro del Parque Nacional Big Bend, una reserva de más de 324.000 hectáreas fronterizas con México que protege especies amenazadas y yacimientos arqueológicos del desierto de Chihuahua. Organizaciones ambientalistas, propietarios locales y residentes mantienen un rechazo sostenido a la obra por los daños que consideran irreversibles para el ecosistema.

A las objeciones ecológicas se suma una estadística que los propios congresistas pusieron sobre la mesa: el sector de Big Bend, un tramo de 832 kilómetros de frontera, registró apenas el 1,3 % de las detenciones fronterizas durante 2025, una de las zonas de menor flujo migratorio irregular de toda la línea divisoria. El DHS, sin embargo, catalogó la región en mayo pasado como un área de alta entrada ilegal y alegó una necesidad aguda e inmediata de levantar las barreras, una clasificación que los legisladores piden al inspector general verificar contra la realidad operativa.

La Corte Suprema ya había dado luz verde a las obras

La petición de auditoría llega apenas una semana después de que la Corte Suprema autorizara al Gobierno federal a retomar las obras en Big Bend, revocando una suspensión previa dictada por un tribunal inferior en Texas. El máximo tribunal respaldó entonces la postura del Ejecutivo al señalar intereses apremiantes de seguridad e integridad fronteriza. No es el primer choque entre el Congreso, los tribunales y la Casa Blanca por la política migratoria: el debate fronterizo corre en paralelo a decisiones como el pacto europeo para enviar a Ruanda a los migrantes sin asilo y a fallos como el que frenó a Trump y salvó los fondos de la Universidad de California.

Ahora la palabra la tiene el inspector general del DHS: de aceptar la solicitud, la auditoría deberá determinar si los contratos del muro fronterizo se adjudicaron con los permisos y la competencia que exige la ley, o si, como denuncian los 23 firmantes, la obra más emblemática de la política migratoria de Trump se repartió entre empresas cercanas al poder.

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