El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), una organización no gubernamental de Venezuela, denunció el 22 de abril que al periodista Carlos Julio Rojas, quien enfrenta acusaciones de intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, se le ha negado el contacto con su familia y su abogado privado.
Rojas fue detenido el 15 de abril y, desde entonces, a su familia no se le ha permitido verlo para verificar su estado de salud. Además, tanto su familia como su abogado privado han sido excluidos del acceso al expediente del caso, según la ONG. Esta situación ha generado preocupación entre los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de prensa.
El 18 de abril, la ONG Espacio Público también denunció que a Rojas se le impidió asignar a sus abogados de confianza en la primera audiencia ante los tribunales. Rojas, un conocido activista comunitario y defensor de los derechos humanos, fue presentado ante el Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo en la noche del 17 de abril, en una aparente violación del debido proceso.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) del Distrito Capital ha emitido un comunicado en defensa de Rojas, rechazando las acusaciones del Ministerio Público (MP) que lo vinculan en un supuesto “plan magnicida” en contra de Nicolás Maduro. El CNP ha declarado su apoyo incondicional a Rojas, asegurando que es “periodista, activista y no un terrorista”.
La detención de Rojas ha generado una ola de críticas y preocupaciones sobre las acciones represivas contra los defensores de los derechos humanos, los líderes políticos y los comunicadores sociales en Venezuela. Mientras tanto, la situación legal de Rojas sigue siendo incierta, ya que se desconoce si los cargos imputados son los mismos que anunció el fiscal general, Tarek William Saab, el 16 de abril. La comunidad periodística y de derechos humanos sigue de cerca el caso, esperando que se respeten los derechos de Rojas y se garantice un juicio justo.
