El cierre administrativo de casos de deportación no volverá a las cortes de inmigración de Estados Unidos, al menos por ahora. La Corte Suprema falló este martes a favor de no restablecer la normativa que permitía a los jueces de inmigración suspender temporalmente algunos procedimientos de deportación, en una decisión que respalda la posición de la Administración del presidente Donald Trump y mantiene vigente el acuerdo alcanzado con el estado de Texas para acabar con esa práctica.
La decisión llegó en una breve opinión sin firmar, el formato habitual de las órdenes de emergencia del máximo tribunal, y sin que ningún magistrado disintiera públicamente. Con ese paso, los jueces rechazaron la petición urgente presentada por tres ciudades, entre ellas Baltimore, y por una organización de defensa legal de los inmigrantes, que buscaba frenar el acuerdo mientras el litigio de fondo continúa su curso.
Qué es el cierre administrativo de casos de deportación y por qué importa
El cierre administrativo fue durante décadas una herramienta cotidiana en los tribunales de inmigración: permitía al juez sacar temporalmente un caso de su lista activa cuando existía otro trámite paralelo que podía cambiar el destino de la persona, como una petición de visa en curso o la apelación de una condena penal. Sin esa pausa, el procedimiento de deportación sigue adelante aunque ese otro proceso esté pendiente.
No se trata de una figura menor. A lo largo de los años, el cierre administrativo se aplicó en cientos de miles de casos de deportación, y para muchas familias migrantes funcionaba como un respiro legal mientras se resolvía su situación por otra vía. Sus críticos, entre ellos Texas y la propia Administración Trump, sostienen que en la práctica permitía a personas sin estatus legal permanecer indefinidamente en Estados Unidos, algo que describen como una amnistía de hecho.
Un acuerdo entre Trump y Texas en el centro de la disputa
El origen del caso está en un movimiento rápido y coordinado. El 22 de junio, el Gobierno federal y Texas presentaron el acuerdo que ponía fin a la práctica ante un tribunal federal texano, el mismo día en que el estado demandó para impugnar el procedimiento. Un juez federal aprobó el pacto ese mismo día, y la figura quedó invalidada de inmediato.
Baltimore y las demás partes demandantes argumentan que el Gobierno federal y Texas actuaron en connivencia para conseguir la anulación de la norma sin un debate real, una acusación que la Corte Suprema no recogió en su breve orden de este martes. La práctica había sido regulada durante el Gobierno del presidente Joe Biden, y su eliminación forma parte de la línea dura en materia migratoria que la Administración Trump viene aplicando desde su regreso a la Casa Blanca.
Qué viene ahora para los casos de deportación
La orden de este martes no cierra el litigio de fondo, que seguirá avanzando en los tribunales, pero mientras tanto la regla práctica es clara: los jueces de inmigración no podrán volver a congelar estos procedimientos y los casos que dependen de trámites paralelos deberán seguir su curso. Para miles de migrantes, eso significa que el reloj de la deportación no se detiene mientras esperan una visa o la resolución de otro proceso.
