La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa por el caso Miguel Uribe contra Sandra Ramírez y Luis Alberto Albán Urbano, conocido como alias «Marcos Calarcá», dos exintegrantes de las Farc hoy vinculados al partido Comunes. La actuación, conocida este miércoles 11 de noviembre de 2026, se desprende de los señalamientos formulados por María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial asesinado, sobre posibles vínculos de antiguos miembros de esa guerrilla con la planeación del magnicidio.
La confirmación pública la hizo Julián Gallo, exsenador de Comunes y antiguo integrante de las Farc, quien explicó que los abogados de los dos excongresistas recibieron la respuesta del alto tribunal la semana pasada. Según Gallo, la Sala Especial de Instrucción inició una investigación preliminar para examinar la información remitida y establecer si existen elementos que justifiquen avanzar más allá de esta primera etapa. Por ahora no hay imputación ni se ha establecido responsabilidad penal alguna contra Ramírez o Albán.
Los señalamientos de la viuda llegaron a la Corte
El nuevo capítulo del caso Miguel Uribe tiene como antecedente la información entregada por la representación de víctimas dentro de la investigación por el atentado perpetrado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en Bogotá, que causó la muerte del dirigente del Centro Democrático el 11 de agosto de ese año. El 21 de octubre, la Fiscalía General de la Nación compulsó copias ante la Corte Suprema para que examinara posibles responsabilidades de antiguos congresistas de Comunes, entre ellos Ramírez, Albán y el propio Gallo.
Gallo rechazó de plano cualquier participación de su bancada en el crimen. «Absolutamente, ningún integrante de la bancada de Comunes tuvo que ver en ese homicidio», aseguró el excongresista, que se declaró a la espera de los avances del proceso. La indagación deberá contrastar los señalamientos de Tarazona con las pruebas disponibles antes de decidir si abre una investigación formal.
La JEP también pidió información sobre Ramírez
La situación de Sandra Ramírez suma además un frente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El despacho de la magistrada Lily Andrea Rueda, que adelanta actuaciones por el reclutamiento y la utilización de menores por parte de las antiguas Farc, solicitó a la Corte Suprema que informe en un plazo de tres días hábiles si la exsenadora aparece en las actuaciones remitidas por la Fiscalía. El propósito es verificar el cumplimiento de las obligaciones que Ramírez asumió ante la justicia transicional, entre ellas contribuir a la verdad y no cometer nuevos delitos, un expediente que esta misma semana la tiene de nuevo ante ese tribunal, como contó La Noticia De Hoy al anunciar que Sandra Ramírez volverá ante la JEP por el reclutamiento de menores.
Mientras tanto, las investigaciones para esclarecer quiénes participaron en la planeación, financiación y ejecución del atentado contra Miguel Uribe Turbay continúan en varias instancias, en un país donde la justicia transicional y la ordinaria avanzan en paralelo sobre los mismos nombres, como ocurre también con las imputaciones de la JEP por las masacres en Montes de María. La Corte Suprema deberá pronunciarse en los próximos días sobre el alcance de esta indagación previa.
