El caso Donovan Balanta dio este miércoles 21 de octubre un paso clave en Bogotá: los uniformados procesados por la muerte del líder comunitario comparecieron a la audiencia de imputación y ninguno aceptó los cargos que les formuló la Fiscalía General de la Nación. El ente acusador les imputó los delitos de homicidio agravado y tortura agravada por los hechos que rodearon la detención de Balanta en el sur de la capital y su muerte posterior en un hospital de Soacha.
Donovan Balanta Paz, de 34 años, murió el pasado 20 de septiembre después de ser capturado en el barrio Caracolí, en la localidad de Ciudad Bolívar, y de ser dejado en la estación de Policía de Cazucá, en Soacha. Su muerte desató protestas de su comunidad, reclamos de justicia de su familia y un seguimiento especial de organismos de derechos humanos, que desde el primer momento pidieron esclarecer si en el procedimiento hubo uso desproporcionado de la fuerza y tratos discriminatorios.
Qué imputó la Fiscalía en el caso Donovan Balanta
Durante la audiencia, el fiscal del caso reconstruyó ante el juez cómo habrían ocurrido los hechos y expuso los insultos discriminatorios que, según la investigación, los uniformados habrían proferido contra Balanta mientras lo reducían y lo trasladaban. La Fiscalía sostuvo que el detenido fue esposado, golpeado y sometido a descargas con un dispositivo de conducción eléctrica, pese a que ya no representaba una amenaza para los agentes que lo custodiaban.
Además de homicidio y tortura agravados, a dos de los procesados se les imputó el cargo de falsedad ideológica en documento público. Según el fiscal, en el libro de novedades de la estación se consignó por escrito que no hubo maltrato alguno contra el capturado y que se respetaron sus derechos humanos, una versión que, en palabras del propio fiscal, «no corresponde a la realidad». También se habría dejado constancia de una solicitud de apoyo y de un traslado hospitalario inmediato que la investigación pone en duda.
La muerte de Donovan Balanta, según la investigación
El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal estableció que la causa de la muerte fue una arritmia cardíaca asociada a las reiteradas descargas eléctricas recibidas, y documentó quemaduras y otras lesiones en el cuerpo de la víctima. Esos hallazgos hacen parte central del material probatorio con el que la Fiscalía busca demostrar la responsabilidad de los uniformados en el caso Donovan Balanta.
La investigación también examina la atención que recibió el detenido dentro de la estación. De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, Balanta permaneció cerca de 20 minutos manifestando un fuerte dolor en el pecho y dificultades para respirar, y otra persona bajo custodia también pidió que lo auxiliaran. Solo cuando perdió el conocimiento fue trasladado a un centro hospitalario de Soacha, donde falleció. Para la Fiscalía, esa demora es uno de los elementos más graves del expediente.
Procedimiento policial en el que fue detenido Donovan Balanta en el barrio Caracolí, en el sur de Bogotá. Captura de video.
Un caso que puso la lupa sobre la Policía
El caso Donovan Balanta se convirtió en un símbolo del debate sobre los procedimientos policiales en los barrios populares de Bogotá. Tras conocerse la muerte, la Policía Nacional separó de sus cargos a siete uniformados relacionados con el procedimiento, mientras la Defensoría del Pueblo y mecanismos de Naciones Unidas pidieron investigar los posibles indicios de perfilamiento racial y discriminación en el operativo. La familia del líder comunitario ha insistido en que no descansará hasta que haya justicia y garantías de no repetición.
Vecinos de Caracolí grabaron parte del procedimiento y denunciaron que la víctima fue perseguida y agredida incluso después de estar reducida. Esos registros en video, junto con los testimonios y el dictamen forense, integran el paquete de pruebas que la justicia deberá valorar en las próximas etapas del proceso.
Qué sigue en el caso Donovan Balanta
Al no aceptar los cargos, los procesados mantienen su presunción de inocencia y el proceso continuará con las siguientes audiencias, en las que la Fiscalía deberá sustentar su teoría del caso y un juez definirá las medidas que enfrentarán mientras avanza el juicio. La determinación final de responsabilidades corresponderá a la justicia, con base en las pruebas y los testimonios del expediente.
