Colombia

Carlos Oyola a prisión: un juez ordenó encarcelar al exfuncionario de la DNI por el fraude informático en la UNAD

Carlos Oyola a prisión.

Carlos Oyola a prisión. Un juez de control de garantías de Bogotá ordenó este viernes 13 de noviembre el ingreso en centro carcelario de Carlos Andrés Oyola Tovar, exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), investigado por su presunta participación en una estructura que habría manipulado los sistemas académicos y financieros de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) para alterar calificaciones y registros de pago de estudiantes.

La decisión se conoció al cierre de las audiencias de judicialización, en las que la Fiscalía presentó los elementos de la investigación y pidió la medida de aseguramiento. Oyola no aceptó los cargos y se declaró inocente: la orden de prisión es una medida preventiva mientras avanza el proceso penal y no equivale a una declaración de culpabilidad.

Carlos Oyola a prisión: lo que argumentó el juez

El despacho —el Juzgado 37 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, según Caracol Radio— tuvo en cuenta el riesgo de que las conductas se repitan. Las presuntas irregularidades académicas se habrían cometido entre 2017 y 2023, pero después Oyola siguió vinculándose con entidades del Estado, incluida la propia DNI, a la que ingresó en febrero de 2024, usando los títulos y estudios que hoy están bajo investigación para acceder a cargos y contratos públicos.

Ese recorrido pesó en la audiencia: para el juez, existían elementos que justificaban mantenerlo privado de la libertad mientras la Fiscalía termina de probar su hipótesis ante un juez de conocimiento.

Más de 40 calificaciones alteradas y pagos por 35 millones

Según la Fiscalía, la estructura habría detectado y explotado el acceso interno a la plataforma de la UNAD para modificar notas y registros financieros. La investigación identificó 41 diferencias entre las calificaciones que los docentes cargaban en el campus virtual y las que luego aparecían en las bases de datos administrativas, además de comprobantes de pago falsificados por cerca de 35 millones de pesos, correspondientes a matrículas de programas de pregrado y posgrado.

Oyola habría actuado como enlace entre quienes tenían acceso a los sistemas y los estudiantes beneficiados con los cambios. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó cinco delitos: concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático agravado, daño informático agravado, obtención de documento público falso y fraude procesal. En el mismo caso ya han sido judicializadas otras siete personas, entre ellas exfuncionarios de la UNAD.

Capturado el 6 de noviembre y con orden vigente desde mayo

Oyola fue capturado el pasado viernes 6 de noviembre en un operativo conjunto del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Gaula Militar. Lo llamativo del expediente es el calendario: un juez había librado la orden de captura el 7 de mayo de 2026 y, pese a ese requerimiento vigente, el ingeniero permaneció vinculado a la DNI durante casi seis meses, hasta el momento de su detención.

Su paso por la agencia de inteligencia arrastra además señalamientos de otras líneas de investigación, difundidos a partir de documentos internos de la entidad, que lo relacionan con presuntos accesos a bases de datos estatales y con la coordinación de activistas digitales y hackers. Esas versiones no hacen parte de los cargos por los que fue enviado a prisión este viernes —que se limitan al caso de la UNAD— y deberán probarse por separado, una distinción que la propia cobertura judicial del caso subraya.

El proceso seguirá ahora en la etapa de acusación, mientras la defensa insiste en su inocencia. En un país donde la actualidad judicial marca la agenda a diario —como ocurrió también hoy en otras regiones, entre ellas Tolima y con el accidente de Medellín que dejó dos muertos—, el caso Oyola deja una pregunta abierta para la DNI y para el Gobierno: cómo un funcionario con orden de captura vigente permaneció casi medio año dentro de la agencia encargada de la inteligencia del Estado. La discusión pública sobre la gestión estatal también atraviesa otros frentes, como la renuncia del gerente del Fondo Milagro tras el escándalo de salarios.

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