La cárcel de Coro tiene una celda de castigo conocida como «la isla», donde más de 30 reclusos permanecen sin luz natural, sin agua suficiente.
La cárcel de Coro tiene una celda de castigo conocida como «la isla», donde más de 30 reclusos permanecen sin luz natural, sin agua suficiente y sin alimentos adecuados, según denunció este jueves el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). La organización alertó que las condiciones de ese espacio de la Comunidad Penitenciaria de Coro, en el estado Falcón, podrían constituir tratos crueles e inhumanos, de acuerdo con la denuncia recogida por El Nacional.
Según el testimonio de un familiar de uno de los presos, los reclusos pueden ser enviados a «la isla» por reclamar sus derechos o por incumplir las normas impuestas dentro del recinto. Quienes son trasladados a esa celda deben dormir en el piso y, de acuerdo con la denuncia, pueden pasar días sin recibir comida ni disponer de agua suficiente.
Cárcel de Coro: castigos por deudas dentro del penal
La denuncia recibida por el OVP también señala una presunta red de corrupción dentro del penal, en la que funcionarios y reclusos estarían involucrados en la venta de productos y en mecanismos de cobro de deudas que terminarían en castigos para quienes no pueden pagar.
«Existe un grupo de reclusos que tiene todo el permiso de la directiva para vender cosas dentro del penal como si se tratara de la calle. Venden comida, útiles personales, uniformes, colchonetas y hasta droga. Con todo esto es que se endeudan los presos y son obligados a realizar pagos. De no hacerlos, entonces es donde vienen los castigos, que son practicados por funcionarios», señaló la persona que presentó la denuncia ante el OVP, cuya identidad se mantiene bajo resguardo por razones de seguridad.
Un penal al 195 % de su capacidad
La situación denunciada ocurre en un centro que supera ampliamente su capacidad instalada. La Comunidad Penitenciaria de Coro fue diseñada para albergar a 870 personas, pero tiene cerca de 1.700 reclusos, una ocupación de aproximadamente 195 %.
El incremento de la población responde en parte a los traslados de presos desde otras entidades del país, entre ellos reclusos procedentes de Anzoátegui, Bolívar y Monagas, movilizados tras el desalojo de centros penitenciarios en esos estados. Algunos mantienen sus procesos judiciales fuera de Falcón, lo que dificulta el contacto con sus familiares, y la falta de recursos impide que numerosos allegados viajen a Coro para visitarlos o cubrir sus necesidades básicas.
La alimentación es otra de las deficiencias señaladas: según la denuncia, la dieta de los reclusos se basa principalmente en arroz, pasta y granos, sin suficientes proteínas, en un país donde la inseguridad alimentaria ya golpea al 56 % de los hogares. El agua potable también resulta insuficiente y depende de camiones cisterna cuyo costo, de acuerdo con la información, es asumido por los propios reclusos. A ello se suma la falta de atención médica especializada para presos con enfermedades mentales.
El OVP llevará el caso a instancias internacionales
El Observatorio cuestionó la falta de respuesta del Ministerio para el Servicio Penitenciario ante estos señalamientos y acusó al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo de dar la espalda a las víctimas y no actuar frente a las presuntas vulneraciones de derechos humanos, en un contexto en el que los derechos humanos en la región volvieron esta semana al primer plano europeo.
Ante los hechos denunciados en la Comunidad Penitenciaria de Coro, el OVP afirmó que continuará documentando los casos y anunció que los llevará ante instancias internacionales, con el objetivo de visibilizar las condiciones en las que permanecen las personas privadas de libertad y exigir que se investiguen las posibles responsabilidades.
Lo que se sabe hasta ahora
Más de 30 reclusos permanecen en «la isla», la celda de castigo de la cárcel de Coro, sin luz natural, durmiendo en el piso y con acceso insuficiente a agua y alimentos, según la denuncia del OVP. El penal alberga cerca de 1.700 personas pese a tener capacidad para 870. La organización exige una investigación y anuncia que acudirá a instancias internacionales.
Por qué importa
La denuncia pone de nuevo el foco sobre el sistema penitenciario venezolano, donde el hacinamiento y la falta de servicios básicos convierten el castigo en una condición permanente para miles de reclusos, muchos de ellos trasladados lejos de sus familias y de los tribunales que llevan sus causas. Lo que ocurra con la investigación que pide el OVP definirá si «la isla» es un caso aislado o la muestra de una práctica extendida en las cárceles del país.
