El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia ha reportado la recepción de 41 cadáveres en el contexto de una escalada de violencia en la región del Catatumbo, donde los enfrentamientos entre guerrillas han dejado un saldo trágico que se estima entre 60 y 80 muertos. Este conflicto, que ha impactado severamente a la población civil, incluye entre las víctimas a un bebé de 19 meses y a dos adolescentes de 14 y 16 años.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, informó en una rueda de prensa que desde el 15 de enero, se han realizado inspecciones técnicas a todos los cuerpos recibidos, destacando la urgencia de la situación en una región históricamente marcada por el conflicto armado.
La violencia en el Catatumbo, una zona montañosa y empobrecida del departamento de Norte de Santander, ha sido atribuida a los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC. Esta ola de violencia comenzó el pasado jueves, intensificándose tras el asesinato de una familia compuesta por tres miembros, incluido un bebé, lo que generó un ciclo de represalias y confrontaciones. Las autoridades han expresado su preocupación por la dificultad para acceder a las áreas rurales afectadas por los combates, lo que podría implicar que existan más cadáveres sin recuperar.
Hasta la fecha, se han identificado 39 cuerpos, con 32 ya entregados a sus familias. La mayoría son hombres (39) y solo hay dos mujeres. Además, la situación humanitaria es alarmante: más de 32,000 personas han sido desplazadas debido a la violencia. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) ha documentado que cerca de 50,000 personas están afectadas por esta crisis.
Las investigaciones sobre estos hechos se centran en dos líneas principales: los enfrentamientos directos entre las guerrillas y los asesinatos selectivos denunciados por organizaciones locales. La Fiscalía ha abierto casos relacionados con homicidios, desplazamientos forzados y ataques a líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz. Hasta ahora, se han reportado al menos tres excombatientes asesinados desde la firma del acuerdo en 2016.
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La Defensoría del Pueblo también ha informado sobre otros casos graves, incluyendo el secuestro de Álvaro Carrascal, un líder social local, así como el desplazamiento forzado de comunidades indígenas yukpa. En este contexto, se han reportado casos preocupantes como la trata de mujeres provenientes de Tibú.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha calificado esta situación como un «fracaso de la nación», señalando que representa uno de los momentos más dramáticos en la historia reciente del país. En respuesta a la crisis humanitaria en el Catatumbo, Petro ha declarado un estado de conmoción interior y ha suspendido las negociaciones de paz con el ELN, acusándolo de «crímenes de guerra». Esto ha llevado a la reactivación de órdenes de captura contra los líderes guerrilleros involucrados.
