La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela ha reanudado la discusión sobre un proyecto de ley que amenaza la existencia de organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país. Esta iniciativa ha generado una fuerte oposición por parte de la sociedad civil y organismos internacionales, quienes advierten que representa un riesgo significativo para los derechos de asociación, libertad de expresión y participación pública.
Mientras #Venezuela sigue en una crisis política por la falta de transparencia del CNE y TSJ, la Asamblea Nacional de Maduro aprueba la Ley contra las ONG. #15Ago
Legalizando la persecución hacia la sociedad civil que ha denunciado los abusos y acompañado a miles de víctimas en… pic.twitter.com/ZsRe4hHh9d
— PROVEA (@_Provea) August 15, 2024Desde enero de este año, la Asamblea Nacional comenzó las consultas públicas del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin fines de lucro. La ley fue aprobada en primera discusión el 24 de enero, un proceso que fue calificado como “vía exprés” por representantes de al menos 400 ONG, quienes denunciaron que se ignoraron los procedimientos establecidos para la formación de leyes. Estas organizaciones temen que la ley busque “ilegalizarlas” masivamente, similar a lo que ha sucedido en Nicaragua.
El régimen venezolano sostiene que la ley tiene como objetivo garantizar la transparencia y establecer un sistema de rendición de cuentas para las ONG que reciben financiamiento nacional o extranjero. Sin embargo, la Asamblea Nacional, controlado por el oficialismo, argumenta que al menos 62 ONG están financiadas por gobiernos extranjeros, incluido el de Estados Unidos, y que operan con fines políticos destinados a “generar desestabilización”.
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Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han instado a la Asamblea Nacional a abstenerse de aprobar esta legislación restrictiva. En un comunicado, la CIDH advirtió que la ley “restringiría arbitrariamente el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación pública”, en un contexto de creciente represión cívica. Gina Romero, relatora especial de la ONU para Libertad de Asociación y Asamblea, expresó su preocupación por la reactivación de este proyecto en un momento de “feroz represión” tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, que han afectado a activistas, periodistas y ONG.
El Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, también ha manifestado su inquietud ante la posible aprobación de esta ley, que se suma a un nuevo marco legal contra el “fascismo”. La situación es tensa, y se espera que el desarrollo de estas leyes impacte significativamente el panorama cívico y democrático en Venezuela.
La Asamblea Nacional tiene la intención de revisar el proyecto artículo por artículo, y de ser aprobada, la ley obligaría a las ONG a cumplir con requisitos onerosos para su funcionamiento, lo que podría llevar a su disolución. La existencia de este tipo de propuestas legislativas no solo representa una amenaza, sino que también crea un ambiente intimidatorio para la sociedad civil, contraviniendo las obligaciones del Estado de asegurar un entorno propicio para la defensa de los derechos y valores democráticos.
