El allanamiento a la casa de Ilhan Omar, ejecutado por agentes federales la madrugada del lunes en el área de Washington, escaló este viernes a un choque abierto entre la congresista demócrata y el Gobierno de Donald Trump: sus abogados enviaron una carta a los fiscales del Departamento de Justicia en la que califican el registro de ilegal, vengativo y políticamente motivado, y advierten que viola los derechos constitucionales de la representante por Minnesota.
El allanamiento a la casa de Ilhan Omar, bajo la lupa de sus abogados
En la carta, a la que tuvo acceso CNN, los abogados Amy Jeffress y Joshua Matz sostienen que se trata de «una investigación penal vengativa, punitiva y con motivaciones políticas contra una de las principales críticas del presidente en el Congreso», que «viola los derechos constitucionales de la representante Omar y amenaza la separación de poderes». El registro fue autorizado por un juez federal de primera instancia, que al mismo tiempo impuso límites a la forma en que el Departamento de Justicia podría acceder a los documentos de la congresista.
Según varias personas familiarizadas con la investigación, el caso apunta a un presunto fraude inmigratorio, posibles declaraciones falsas en documentos gubernamentales y una posible conspiración. Omar respondió a ese fundamento de frente: se convirtió en ciudadana naturalizada legalmente en el año 2000, tras huir de Somalia en 1995, y sus abogados afirman que «no existe fundamento legítimo para sugerir que ella haya violado alguna ley relacionada con su estatus de ciudadanía». En la carta, el registro «surgió de una teoría de la conspiración obsoleta y de hace años».
Las irregularidades que denuncia la defensa
La defensa enumeró una serie de problemas en la ejecución del registro. La Oficina del Asesor Jurídico de la Cámara de Representantes no fue notificada hasta después de que el allanamiento se conociera públicamente, pese a que el juez había ordenado procedimientos especiales para avisar a la Cámara, a Omar y a sus abogados sobre las protecciones constitucionales que la amparan como miembro del Congreso. Tampoco hubo un fiscal presente para leerle sus derechos bajo la Cláusula de Discurso o Debate; en su lugar, los agentes le presentaron una exención que ella se negó a firmar, y sus abogados no tuvieron oportunidad de identificar ni separar los materiales protegidos por esa cláusula.
Jeffress y Matz exigieron además que se conserven todas las grabaciones de video y audio captadas por los agentes federales durante el registro, y señalaron un detalle que consideran revelador: en la documentación de la orden, las autoridades se referían repetidamente a la congresista por su nombre de pila, por lo que pidieron que en adelante se respete su título. Los portavoces del Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a las consultas de CNN sobre las acusaciones.
Lo que se sabe hasta ahora
El registro: agentes federales allanaron la casa de Omar en el área de Washington la madrugada del lunes 12 de octubre, con una orden judicial que limitaba el acceso a sus documentos.
La investigación: presunto fraude inmigratorio, posibles declaraciones falsas en documentos oficiales y una posible conspiración, según personas familiarizadas con el caso.
La defensa: Omar es ciudadana naturalizada desde 2000; sus abogados Amy Jeffress y Joshua Matz denuncian una investigación «vengativa» y con motivaciones políticas.
El momento: el allanamiento ocurrió a menos de tres semanas del día de las elecciones, un periodo en el que el Departamento de Justicia históricamente evita este tipo de acciones.
La respuesta oficial: el Departamento de Justicia no ha respondido públicamente a las acusaciones de la defensa.
Un registro a semanas de las elecciones
El calendario es parte central de la denuncia. «Históricamente, el Departamento de Justicia se ha abstenido de este tipo de actividad investigativa tan cerca de unas elecciones, a fin de evitar incluso la apariencia de acciones policiales con motivaciones políticas», escribieron los abogados, para concluir que el registro «no fue ni justificado ni legal». Omar, refugiada somalí y una de las primeras mujeres musulmanas en llegar al Congreso, ha sido blanco constante de la ira de la Casa Blanca, y el choque se suma a otros frentes judiciales abiertos por la política migratoria del Gobierno, como la orden judicial que reactivó la lotería de visas que Trump había suspendido o la demanda por acelerar los casos de niños migrantes no acompañados.
Por qué importa
Para millones de inmigrantes naturalizados en Estados Unidos —entre ellos la diáspora venezolana y latina—, el caso toca un nervio profundo: una congresista en ejercicio, ciudadana desde hace 26 años, ve su casa allanada por una investigación sobre su propio estatus migratorio. Si el registro se sostiene, el precedente alcanza a cualquier ciudadano naturalizado que incomode al poder; si se cae, será una derrota judicial mayor para el Departamento de Justicia en plena recta final electoral. Por eso lo que ocurra con esa carta en los próximos días va mucho más allá de Ilhan Omar.
