Al menos 51 personas murieron durante las violentas protestas que sacudieron Nepal esta semana, dijo la policía el viernes en su último balance, mientras comienza a conocerse la magnitud del caos que derrocó al gobierno.
Más de 12,500 prisioneros que escaparon de múltiples cárceles en todo el país siguen prófugos, dijo el portavoz de la policía Binod Ghimire a AFP.
Las protestas empezaron el lunes en Katmandú y en otras ciudades, contra la decisión del gobierno de bloquear las redes sociales y contra la corrupción.
El primer ministro, KP Sharma Oli, anunció su dimisión el martes, durante una jornada marcada por los disturbios en la que manifestantes quemaron la sede del Parlamento, edificios del gobierno, un centro comercial y un hotel Hilton.
A pesar del restablecimiento de plataformas como Facebook, X o YouTube, la promesa de una investigación sobre la violencia policial y la renuncia del primer ministro, algunos grupos de jóvenes manifestantes, bajo el paraguas de «Generación Z«, saquearon el martes edificios públicos y las viviendas de varios dirigentes.
Además de incendiar el Parlamento, los manifestantes también prendieron fuego a la residencia del hasta entonces primer ministro.
El jueves, las autoridades de Nepal dijeron que habían recapturado a más de 200 de los 13.500 reos que se fugaron de las cárceles esta semana, aprovechando el caos de las violentas protestas y la renuncia del primer ministro.
Vacío de poder
Nepal encadenó este viernes su tercer día consecutivo en un limbo político tras las protestas juveniles que forzaron la caída del primer ministro K.P. Sharma Oli, con el movimiento de la ‘Generación Z‘ dividido, las negociaciones estancadas y el Parlamento reclamando una salida constitucional a la crisis.
El presidente de la Cámara de Representantes, Devaraj Ghimire, y el titular de la Asamblea Nacional, Narayan Dahal, emitieron una declaración conjunta en la que subrayaron que la crisis «no debe apartarse del constitucionalismo ni del Estado de derecho».
Ambos recordaron que el presidente Ram Chandra Poudel debe buscar un consenso que preserve la soberanía, las libertades civiles y la unidad nacional.
El llamamiento parlamentario se suma a la presión de colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil, que han advertido que cualquier Ejecutivo fuera de la Constitución carecería de legitimidad. La Asociación de Abogados de Nepal pidió esta semana un gobierno civil no partidista, mientras 65 colectivos firmaron un manifiesto conjunto para que el presidente Poudel asuma un papel más activo en la transición.
Ese planteamiento desafiaría las propuestas de parte del movimiento juvenil que encabezó las protestas, donde algunos sectores han pedido no solo la disolución del Parlamento sino también una reforma en profundidad de la Constitución.
A esta tensión se añaden los obstáculos legales que impiden a varios de sus candidatos favoritos encabezar el Ejecutivo provisional: la Carta Magna solo permite que un miembro del Parlamento sea designado primer ministro, lo que deja fuera a figuras como la exjueza Sushila Karki o el alcalde de Katmandú, Balendra Shah.
Las conversaciones entre representantes de la llamada ‘Generación Z‘, el Ejército y la Presidencia permanecen estancadas, sin un nombre que concite consenso para liderar un gobierno interino. Mientras tanto, partidos tradicionales como el Congreso Nepalí o el UML reclaman espacio en un eventual Ejecutivo, una opción rechazada de plano por los jóvenes.
El Ejército apoya a los jóvenes
El Ejército ha expresado su respaldo al movimiento juvenil y participa en las conversaciones como garante de la seguridad, aunque insiste en que no pretende asumir el poder directamente. Aun así, en Katmandú crece el temor a que, si el vacío político se prolonga, se acabe imponiendo un gobierno interino bajo su tutela.
Las protestas, desencadenadas tras el bloqueo de 26 redes sociales el pasado 4 de septiembre, estallaron en un clima de hartazgo contra una clase política percibida como corrupta e inmóvil y han dejado hasta ahora 51 muertos y más de un millar de heridos, según el último balance de las autoridades.
La indignación alcanzó su punto álgido el martes, cuando grupos de manifestantes incendiaron el Parlamento, el Tribunal Supremo y la oficina presidencial, además de atacar residencias de dirigentes políticos. Bajo esa presión, y tras la renuncia de varios ministros en rechazo a la represión, Oli se vio obligado a dimitir.
Desde entonces, Katmandú intenta recuperar cierta normalidad con la reapertura parcial de fronteras y del tráfico tras el levantamiento del toque de queda, aunque los edificios calcinados de ministerios e instituciones judiciales recuerdan la magnitud del estallido.
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