Los salarios en Venezuela concentran el 99 % de los ingresos que el país recibe por la venta de petróleo y sus derivados, según el balance de gestión financiera que presentó este jueves 12 de noviembre la administración de Delcy Rodríguez. La cifra, publicada en la plataforma Transparencia Soberana, contrasta con un dato que no se mueve desde hace más de cuatro años: el salario mínimo legal sigue congelado en 130 bolívares mensuales.
De acuerdo con ese balance, entre enero y noviembre de 2026 ingresaron a Venezuela 15.603 millones de dólares. De ese total, 15.148 millones provinieron de la industria petrolera y de las empresas mixtas, y el Ejecutivo afirma haber desembolsado 14.710 millones de dólares para cubrir la nómina de los trabajadores del sector público y de los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), frente a apenas 150,5 millones asignados al funcionamiento del propio Gobierno.
Salarios en Venezuela: 130 bolívares equivalen a 0,14 dólares
Pese a la magnitud de los montos que el balance atribuye a la nómina estatal, el bolsillo de los trabajadores cuenta otra historia. El salario mínimo legal se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022 y, con la devaluación acumulada y el ajuste de la tasa oficial del dólar, esa remuneración base equivale hoy a solo 0,14 dólares al mes. Según la comparación recogida por El Pitazo, ese ingreso cubre apenas el 0,02 % de la Canasta Alimentaria Familiar que calcula el Cendas-FVM, valorada en más de 760 dólares.
La explicación oficial pasa por la estructura del ingreso. En sus mensajes públicos, la administración de Rodríguez habla de «salarios», pero los decretos y las circulares evitan la salarización y se refieren a remuneraciones e ingreso integral. La política vigente se apoya en bonificaciones sin carácter salarial, encabezadas por el Bono de Guerra Económica y el Cestaticket, que suman 240 dólares mensuales por trabajador.
Los bonos no computan para las prestaciones
Ese diseño tiene una consecuencia que sindicatos y trabajadores vienen denunciando: al no poseer carácter salarial conforme a la Ley Orgánica del Trabajo, las bonificaciones no computan para el cálculo de prestaciones sociales, liquidaciones, vacaciones, utilidades, cajas de ahorro ni fideicomisos. En la práctica, los desembolsos millonarios que el balance atribuye a la nómina no se traducen en una acumulación de pasivos laborales para quien los recibe, y el valor de años de servicio queda atado a un salario base de 130 bolívares.
Las cifras divulgadas por la administración se apoyan en el Fondo de Protección Social. La publicación de este jueves coincide además con un informe oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, elaborado junto a la firma auditora KPMG, según el cual Estados Unidos gestionó 12.260 millones de dólares del petróleo venezolano en los primeros nueve meses del año, de los que se desembolsaron 12.110 millones —el 98,7 %— hacia Caracas.
Una economía que crece en cifras y no en el sueldo base
La discusión de fondo no es nueva. Las federaciones de trabajadores públicos llevan años pidiendo que el ingreso integral se convierta en salario formal, porque de esa conversión dependen las prestaciones de millones de empleados y jubilados del Estado. Cada balance de ingresos petroleros reaviva el mismo reclamo: que una parte de esas divisas se use para actualizar el salario base, congelado desde 2022, en lugar de mantener toda la remuneración apoyada en bonos que no generan derechos laborales acumulados.
