La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes en primera discusión un proyecto de ley contra el fascismo. La propuesta, que ha generado un amplio debate, prohíbe mensajes que promuevan la violencia como método de acción política y contempla sanciones penales y administrativas.
El Proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, presentado por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, busca complementar la Ley contra el Odio aprobada en 2017. Según Rodríguez, la propuesta surge para atender las “expresiones y acciones” de partidos y organizaciones que en los últimos 25 años han actuado con “tilde fascista”.
“Son rasgos comunes a esta postura el racismo, el chovinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano”, manifestó Rodríguez.
Durante la presentación del proyecto de ley, Rodríguez hizo alusión al mensaje político de la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. “Debemos preguntarnos a qué se refieren cuando hablan hasta el final, porque ahí está nuevamente el germen de la violencia”, expresó.
El proyecto, compuesto por 4 capítulos y 30 artículos, contempla “medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica” en el país. Prohíbe la difusión de mensajes que promuevan la violencia como método de acción política o denigren de la democracia y la constitución de organizaciones que hagan apología o se fundamenten en el fascismo.
Rodríguez precisó que la ley consagra un conjunto de sanciones penales y administrativas por el incumplimiento de sus disposiciones, creando especies penales muy especiales y un agravante especial de todo hecho punible cuando sea ejecutado o incrementado por motivos fascistas.
El proyecto de ley también contiene un capítulo especial para las redes sociales, aunque Rodríguez no ofreció detalles al respecto. La ley define al fascismo como una postura ideológica o expresión basada en motivos de superioridad racial, de origen étnico, social o nacional, que asume la violencia como método de acción política, enarbola la cultura de la muerte, denigra de la democracia, sus instituciones y/o promueve la supresión de derechos y garantías.
El artículo 22 de la ley señala que “toda persona que solicite, invoque, promueva o ejecute acciones violentas como medio o vía para el ejercicio de los derechos políticos, será sancionada con prisión de ocho a doce años y una inhabilitación política por el tiempo de la condena”. Además, se contempla la disolución de organizaciones privadas, sociales o con fines políticos que hagan apología o se fundamente en el fascismo.
La “transmisión de mensajes prohibidos” por radio o televisión será sancionada con la revocación de la autorización de transmisión, mientras que los “medios electrónicos o impresos” serán multados por la cantidad bolívares equivalente a entre 50.000 y 100.000 veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el BCV, lo que podría llegar a multas de hasta 100.000 dólares estadounidenses.
