La Asamblea Nacional remitió este martes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el proyecto de reforma parcial de la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, para que el máximo tribunal lo evalúe antes de que continúe el trámite de consulta y discusión en el Parlamento. El anuncio lo hizo el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, durante la sesión ordinaria.
Rodríguez leyó en el hemiciclo la comunicación dirigida a la presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez, con la que consignó formalmente el anteproyecto junto a su exposición de motivos. Con este paso, la Sala Constitucional deberá pronunciarse sobre la conformidad de la propuesta con la Constitución y con las normas que rigen los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente, que aprobó la ley original en 2017.
Una reforma de la Ley contra el Odio que busca despenalizar conductas
El texto fue elaborado por la comisión especial creada el pasado 29 de septiembre y presidida por Pedro Infante, primer vicepresidente del Parlamento, a solicitud de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Según lo adelantado por la propia comisión, el eje central de la revisión es la despenalización de varias conductas hoy sancionadas por la norma, junto a una revisión de los artículos 20, 21 y 22, que concentran las penas más severas.
Durante los trabajos preparatorios también se planteó cambiar el nombre del instrumento legal para subrayar un enfoque educativo y de convivencia, por encima del castigo. Esos anuncios, sin embargo, son por ahora líneas de trabajo: el contenido definitivo de la reforma se conocerá cuando el TSJ devuelva el texto y comience el debate parlamentario, que requerirá el voto favorable de dos tercios de los diputados por tratarse de una ley de rango constitucional.
Una ley cuestionada desde 2017
La Ley contra el Odio entró en vigencia en noviembre de 2017 y desde entonces ha sido una de las normas más polémicas del país. Organizaciones de derechos humanos han documentado su aplicación contra ciudadanos, periodistas y dirigentes opositores: el Foro Penal ha contabilizado al menos 927 personas acusadas de incitación al odio desde su aprobación, y la ONG Cecodap reportó 118 menores de edad imputados por delitos previstos en esta ley entre 2024 y 2025.
La propia comisión especial reconoció al instalarse que buscaría corregir aplicaciones consideradas inadecuadas de la normativa y abrir una ronda de encuentros con víctimas, afectados y distintos sectores de la sociedad venezolana. El rumbo que tome esa revisión marcará si la reforma se traduce en un alivio real para quienes enfrentan procesos bajo esta ley o si se limita a un ajuste de forma.
Lo que viene ahora
Con el proyecto ya en manos del TSJ, el siguiente paso es el pronunciamiento de la Sala Constitucional. Después, el texto regresará a la Asamblea para su consulta y sus dos discusiones reglamentarias. Mientras tanto, el tema seguirá en el centro del debate público: para la diáspora venezolana y para quienes siguen de cerca la situación de los derechos civiles en el país, cualquier cambio en esta ley tiene implicaciones directas sobre la libertad de expresión y los procesos judiciales en curso.
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