El sociólogo Rafael Uzcátegui, director de la organización Laboratorio de Paz.
El sociólogo Rafael Uzcátegui, director de la organización Laboratorio de Paz, sostuvo que reconocer a una persona como parte de los presos políticos en Venezuela no significa absolverla de posibles delitos. En una entrevista en el programa Noche D, de Tal Cual, el defensor de derechos humanos defendió que una detención arbitraria debe ser reconocida como tal aunque el detenido enfrente acusaciones por hechos anteriores, que corresponde investigar a una justicia independiente.
«María Corina Machado hizo lo correcto y creo que está muy bien asesorada», afirmó Uzcátegui al referirse a la controversia generada por la lista de 406 presos políticos presentada por la líder opositora el viernes 6 de noviembre. Esa lista incluye nombres vinculados con el caso PDVSA-Cripto, como el empresario Rafael Perdomo, una inclusión que desató críticas y preguntas sobre los criterios utilizados para elaborarla.
Presos políticos en Venezuela: reconocer la persecución no es un borrón y cuenta nueva
Uzcátegui explicó que existen criterios internacionales para identificar las detenciones arbitrarias y políticamente motivadas. Entre ellos mencionó la ausencia de fundamento legal, las violaciones al debido proceso, los castigos desproporcionados y el trato discriminatorio por opiniones políticas. Cuando esos elementos están presentes, argumentó, la persona es víctima de una persecución, con independencia de las acusaciones que pesen sobre ella por otros hechos.
Como ejemplo citó a la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, perseguida políticamente después de su ruptura con el chavismo en 2017, pero cuya actuación anterior al frente del Ministerio Público, sostuvo, también debe ser examinada por una justicia independiente. El planteamiento separa dos planos: la libertad de quien fue detenido de forma arbitraria y la responsabilidad penal o por violaciones de derechos humanos que esa misma persona pueda tener por su actuación previa.
El activista advirtió además que, cuando las autoridades venezolanas detienen a antiguos integrantes del oficialismo, suelen presentar acusaciones de corrupción, aunque la verdadera motivación de la detención puede estar relacionada con conflictos internos de poder. Por eso planteó que las personas encarceladas mediante procedimientos arbitrarios deberían recuperar su libertad, sin que eso impida que un sistema judicial independiente investigue después las acusaciones que pesen sobre ellas.
El riesgo de los pactos de impunidad en una transición
Uzcátegui alertó sobre el riesgo de que una eventual transición democrática termine ofreciendo impunidad a antiguos funcionarios a cambio de su colaboración política. «Hay una tentación de los pactos de impunidad», señaló, al explicar que los procesos de democratización suelen requerir divisiones dentro de los grupos que anteriormente ejercían el poder.
A su juicio, es necesario abrir las puertas a quienes quieran contribuir con la democratización, pero sin que esa colaboración suponga un «borrón y cuenta nueva». En esa misma línea defendió la creación de una comisión de la verdad que permita documentar las violaciones de derechos humanos y establecer garantías de no repetición, y sostuvo que una justicia independiente debe garantizar tanto los derechos de las víctimas como el debido proceso de los acusados, sin importar su identidad política.
El debate sobre los criterios de las listas no es menor en el actual momento venezolano, como lo muestra también el caso de los militares: familiares piden liberar a los 24 del caso Cotiza tras cumplir su condena, una de las peticiones que mantienen el tema de las detenciones por razones políticas en el centro de la discusión pública.
Excarcelaciones sí, pero con libertad plena y sin destierro
Uzcátegui también se pronunció sobre las expectativas de nuevas liberaciones, después de que Dinorah Figuera, integrante de la mesa de diálogo, anunciara que Jorge Rodríguez había adelantado la posibilidad de nuevas excarcelaciones. El director de Laboratorio de Paz valoró que la liberación de los presos políticos esté siendo abordada dentro de las negociaciones y expresó su deseo de que Venezuela pueda llegar a diciembre sin personas privadas de libertad por razones políticas.
Sin embargo, insistió en que no basta con excarcelar: es necesario garantizar la libertad plena de los afectados. En ese sentido cuestionó una propuesta mencionada por Figuera, según la cual algunos militares presos podrían recuperar su libertad y trasladarse a otros países, atendiendo solicitudes de sus familiares. Aunque dijo comprender la desesperación de quienes aceptan esa posibilidad después de años de encarcelamiento, advirtió que convertir la salida del país en una condición para la libertad crearía un precedente peligroso: «El precedente es terrible», afirmó, porque podría establecer que quienes sean encarcelados por razones políticas tengan que abandonar Venezuela para recuperar su libertad.
El reclamo por la libertad plena coincide con otras voces que han llevado el tema a instancias internacionales, como contó La Noticia De Hoy cuando Nahuel Gallo pidió al papa León XIV interceder por los presos políticos en Venezuela. Uzcátegui pidió además mayor atención para los militares presos por razones políticas, a quienes describió como un grupo frecuentemente excluido de la discusión pública, y cuestionó que, pese a los cambios políticos ocurridos desde enero, las excarcelaciones continúen sujetas a mecanismos similares a los utilizados anteriormente.
Sobre las críticas a la lista de Machado, el sociólogo reconoció que pueden existir exclusiones y subregistros, pero consideró que la responsabilidad principal recae sobre las autoridades, que no han divulgado información completa sobre las personas detenidas arbitrariamente. Su conclusión resume la controversia: defender la libertad de un detenido arbitrariamente no es declararlo inocente de todo lo demás, sino exigir que cualquier otra acusación la juzgue un tribunal independiente y con garantías.
