Venezuela

Presos del Fuerte Guaicaipuro viven en celdas tipo jaula, sin techo ni luz, denuncia el OVP

Al menos 70 presos del Fuerte Guaicaipuro permanecen recluidos en celdas tipo jaula, sin techo ni servicio eléctrico.

Al menos 70 presos del Fuerte Guaicaipuro permanecen recluidos en celdas tipo jaula, sin techo ni servicio eléctrico, según denunció este jueves 19 de noviembre el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Los privados de libertad del Centro de Procesados y Penados Militares Guaicaipuro, en los Valles del Tuy, estado Miranda, están expuestos a la intemperie, sin privacidad en los baños, sin atención médica y con una alimentación deficiente, de acuerdo con los testimonios de familiares recogidos por la organización.

Según el OVP, el área de reclusión es un galpón grande en cuyo interior se levantaron celdas con paredes, pero sin techado. En lugar de techo, las autoridades colocaron rejas por encima, sobre las cuales caminan armados los funcionarios del Servicio de Seguridad Militar y Administración de Sanciones (Sesmas) que ejercen la custodia del penal.

Presos del Fuerte Guaicaipuro: sol, lluvia y baños sin paredes

La organización detalló que los baños de esa zona son colectivos y no tienen paredes, por lo que quienes los usan quedan totalmente expuestos, sin privacidad alguna. Como parte del galpón está a la intemperie, los detenidos soportan altas temperaturas bajo el sol directo y se mojan cuando llueve, al no tener dónde resguardarse.

El área de las celdas tampoco tiene electricidad, pese a que en 2024 los reclusos realizaron una huelga de hambre para exigir el restablecimiento del servicio y el entonces director del penal se comprometió a ejecutar las reparaciones. Ese compromiso, denuncia el OVP, nunca se cumplió. Incluso las colchonetas donde duermen los internos han tenido que ser suministradas por sus propios familiares.

Sin proteínas, sin agua y sin atención médica

La dieta diaria de los reclusos es deficiente y carece de proteínas: se limita mayormente a granos, harina y arroz. A eso se suma la escasez de agua potable, cuyo suministro debe ser costeado por los familiares de los detenidos.

El OVP destacó con especial preocupación la situación de los presos que requieren asistencia médica permanente, entre ellos militares detenidos por motivos políticos vinculados al caso Gedeón. Según sus allegados, estos funcionarios fueron víctimas de torturas prolongadas y presentan cuadros graves de salud sin contar con atención médica dentro del penal: para cualquier evaluación o consulta especializada dependen exclusivamente de traslados a centros de salud cercanos. La denuncia se suma a otros pronunciamientos recientes de organizaciones de derechos humanos en el país, como la condena de Provea al acuerdo militar firmado esta semana.

El OVP llevará el caso a instancias internacionales

Para el Observatorio, recluir a personas en jaulas sin techo, luz ni privacidad constituye un trato cruel, inhumano y degradante que vulnera las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Mandela. La organización señaló que el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo han ignorado de forma reiterada estas denuncias, una omisión que calificó de complicidad frente a crímenes de lesa humanidad.

Ante la falta de actuación de la Defensoría del Pueblo —a la que acusó de incumplir los Principios de París—, el OVP anunció que acudirá a instancias internacionales como la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) para exigir rendición de cuentas. Mientras tanto, en el Fuerte Guaicaipuro, los 70 presos señalados por la organización siguen esperando bajo el sol y la lluvia, en un país donde la crisis carcelaria lleva años documentada por las ONG y donde temas como la pensión de diciembre que paga el IVSS conviven con denuncias que, como esta, siguen sin respuesta oficial.

El Fuerte Guaicaipuro es un recinto militar, por lo que buena parte de sus reclusos son funcionarios castrenses procesados o penados, un perfil que, según las organizaciones de derechos humanos, suele enfrentar mayores restricciones de visitas y de comunicación con el exterior. El OVP ha documentado durante años condiciones similares en otros centros de detención del país y sostiene que el patrón se repite: hacinamiento, servicios básicos colapsados y familias obligadas a costear desde el agua hasta las colchonetas de los detenidos.

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