Un policía condenado en Argentina por rociar gas pimienta a una niña de 10 años.
Un policía condenado en Argentina por rociar gas pimienta a una niña de 10 años y a su madre durante una manifestación de jubilados en Buenos Aires recibió este miércoles 11 de noviembre una pena de un año y tres meses de prisión en suspenso. El juez federal Daniel Rafecas halló culpable al oficial principal Cristian Miguel Rivaldi, de la Policía Federal, de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con lesiones leves, y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante el doble de ese tiempo.
El fallo cerró en una sola jornada el juicio correccional por uno de los episodios más controvertidos de los operativos frente al Congreso durante el gobierno de Javier Milei. La querella de la familia, a cargo del abogado Gregorio Dalbón, celebró la sentencia con una frase que resumió el caso: «El uniforme no es una licencia para lastimar». Según medios argentinos, se trata del primer juicio oral por la represión de la protesta en esta etapa de gobierno que termina en condena.
Policía condenado en Argentina: qué pasó el 11 de septiembre de 2024
La agresión ocurrió el 11 de septiembre de 2024 en las inmediaciones del Congreso Nacional, en la zona de Rivadavia y Callao, durante una movilización en defensa de los jubilados. Carla Mariana Pegoraro y su hija Fabrizia, de 10 años, permanecían sentadas en la vía pública, de espaldas a los efectivos y sin oponer resistencia, cuando Rivaldi descargó el aerosol químico directamente sobre ellas.
Tras el ataque, la niña fue atendida de urgencia en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, donde los médicos le diagnosticaron conjuntivitis química. Las imágenes del operativo, incorporadas como prueba central en la causa, mostraron a la menor afectada por el gas mientras era auxiliada por su madre y por otros manifestantes, con un efectivo de la Policía Federal a pocos pasos.
Las pruebas que pesaron en el fallo de Rafecas
El fiscal federal Eduardo Taiano sostuvo que el material audiovisual permitía distinguir con claridad la presencia de la niña y que Rivaldi actuó de forma desmedida e injustificada, a corta distancia. El agente llevaba el visor de su casco parcialmente levantado, lo que le garantizaba un amplio campo de visión, según remarcó la acusación.
Taiano había pedido un año y seis meses de prisión en suspenso, mientras Dalbón solicitó un año y ocho meses para el oficial. La defensa de Rivaldi negó que hubiera dirigido el gas hacia la menor y alegó que no la vio en medio del tumulto. El tribunal desestimó esa versión frente al registro fílmico y a las constancias médicas aportadas al debate, en el que también se incorporaron pericias y declararon testigos de la defensa.
Además de la pena en suspenso, el fallo ordenó que el condenado fije residencia y quede bajo el control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. Rivaldi ya había sido procesado antes del juicio por el juez Sebastián Ramos, una decisión que la Cámara Federal confirmó sin prisión preventiva.
El eco político del caso Fabrizia
El caso tuvo una fuerte repercusión política en su momento. La entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó públicamente al efectivo y afirmó que «nadie gaseó a una nena», una declaración que quedó desmentida cuando se difundieron los videos completos del operativo frente al Congreso. Esos registros se convirtieron después en la prueba que sostuvo la acusación hasta la condena de este miércoles.
Argentina vive semanas de intensa agenda pública, entre la reciente visita del papa —cuya partida de León XIV a Perú cerró su histórica visita a Argentina— y las tensiones diplomáticas que rodean al gobierno de Milei, como la decisión de Irán de designar terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina en reciprocidad con Buenos Aires.
Para las organizaciones que acompañaron a la familia Pegoraro, la sentencia fija un límite concreto al uso de la fuerza en las protestas: los protocolos exigen aplicar la mínima fuerza necesaria y resguardar de forma prioritaria a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. Ese principio, recordado por el fiscal durante los alegatos, es el que el tribunal consideró vulnerado cuando un policía roció gas pimienta a una niña sentada en la calle junto a su madre.
