El plan de Bukele para liberar colaboradores de pandillas fue recibido este lunes con escepticismo por organizaciones de El Salvador.
El plan de Bukele para liberar colaboradores de pandillas fue recibido este lunes con escepticismo por organizaciones de El Salvador y por relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que plantearon en audiencia pública una batería de preguntas sin respuesta sobre cómo se revisarán los casos y quiénes tendrán prioridad. La sesión se celebró en Ciudad de Panamá, en el marco del 197 período de sesiones del organismo, y no contó con representantes del Estado salvadoreño.
El plan, anunciado días atrás por el presidente Nayib Bukele, contempla dar beneficios carcelarios a aproximadamente el 50 % de los colaboradores casuales de las pandillas que están en prisión, una medida que podría alcanzar a unos 5.000 presos detenidos durante el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
El plan de Bukele para liberar colaboradores de pandillas, bajo la lupa de la CIDH
El relator de la CIDH para El Salvador, Riyad Insanally, resumió las dudas del organismo: si se reabrirán los casos ya cerrados o solo se revisarán los que siguen pendientes, y quiénes tendrán prioridad entre las personas adultas, los menores de edad o quienes padecen problemas de salud. La primera vicepresidenta de la Comisión, Andrea Pochak, ofreció cooperación técnica para el plan y se comprometió a trasladar esas preguntas al Estado salvadoreño.
Desde las organizaciones civiles, la directora de Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, sostuvo que primero debe trabajarse una iniciativa de ley junto al ministro de Seguridad y Justicia, pasar por la Asamblea Legislativa y determinar la responsabilidad de cada persona dentro de la estructura de las pandillas. Escobar expresó además sus dudas sobre las cifras oficiales: recordó que Bukele hablaba en 2024 de 10.000 personas inocentes liberadas y afirmó no verlas «por ninguna parte», al tiempo que exigió la libertad de quienes están encarcelados de manera injusta.
Denuncias de violaciones sistemáticas bajo el régimen de excepción
Durante la audiencia, titulada «El Salvador. Situación de las personas privadas de libertad en el marco de estado de excepción», las tres organizaciones presentes denunciaron una violación «sistemática» de los derechos humanos bajo el régimen: muertes bajo custodia estatal —incluidos menores de edad—, torturas, falta de atención médica a pacientes crónicos y presos sin ninguna relación con las pandillas. La abogada Carlota Roby, del Centro de Derechos Humanos Robert y Ethel Kennedy, advirtió de que no está claro quién decidirá los beneficios ni qué ocurrirá con los inocentes, y remarcó que una liberación condicional no equivale a una absolución ni repara las violaciones al debido proceso.
El abogado David Morales, de Cristosal, consideró que por ahora el plan se mueve «en el ámbito del discurso político» y podría resultar «una demagogia más en un momento preelectoral», aunque reconoció que un mecanismo de revisión de casos ha sido recomendado a nivel internacional. El debate sobre las pandillas y las respuestas de fuerza en la región también avanza en otros países, como recogió La Noticia de Hoy en el mandato de la fuerza antipandillas en Haití.
El régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, ha dejado más de 96.000 detenidos a los que el Gobierno acusa de pertenecer a las pandillas o colaborar con ellas, según los datos expuestos en la audiencia. Las organizaciones humanitarias han registrado además más de 6.400 denuncias de atropellos y 570 muertes de personas bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia. Pese a las críticas, la estrategia se ha convertido en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas y sostuvo la popularidad que llevó a Bukele a su reelección para un segundo mandato. Más noticias de la región en la sección Mundo de La Noticia de Hoy.
