El Ministerio Público de Venezuela ha intensificado su persecución contra el opositor Edmundo González Urrutia, exdiplomático y candidato presidencial de la oposición, al atribuirle un total de diez delitos que justifican una orden de captura emitida por un juez el 2 de septiembre.
La orden de aprehensión contra González Urrutia fue firmada por el juez Edward Briceño, quien actuó rápidamente tras recibir la solicitud del Ministerio Público. Los delitos iniciales que se le imputan incluyen usurpación de funciones, forzamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistema y asociación para delinquir.
Sin embargo, la situación se complicó aún más cuando la Fiscalía decidió agregar cuatro nuevos delitos: desconocimiento a las instituciones del Estado, complicidad en actos violentos, difusión de información falsa y legitimación de capitales. Estos cargos se suman a los seis iniciales, lo que refleja una escalada en la estrategia del gobierno para silenciar a sus opositores.
La decisión de emitir una orden de captura se produce en un contexto político tenso, marcado por las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde González Urrutia fue proclamado ganador por la oposición, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró a Nicolás Maduro como vencedor.
La oposición ha denunciado un fraude electoral y ha publicado actas que supuestamente respaldan su afirmación de que González Urrutia ganó con un 67% de los votos. Estas actas fueron desestimadas por el gobierno, que las califica como falsas.
A pesar de que el fiscal general Tarek William Saab había indicado previamente que el proceso penal contra González Urrutia quedaría cerrado tras su salida a España con un salvoconducto otorgado por el gobierno, la reciente comunicación del Ministerio Público a Interpol contradice esta afirmación al incluir los nuevos delitos.
Esto ha llevado al exdiplomático a acusar al gobierno de utilizar el sistema judicial como un instrumento político para reprimir a la oposición.
González Urrutia, quien actualmente se encuentra en España, atribuyó esta nueva acción del Ministerio Público a su trabajo desde el exterior para exigir el respeto a la voluntad popular en Venezuela. En declaraciones recientes, afirmó que “la represión no detendrá nuestra lucha” y que continuará abogando por los derechos del pueblo venezolano.
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Un vocero de Interpol ha señalado que el artículo 3 de su constitución prohíbe cualquier uso del sistema por razones políticas, lo que añade otra capa de complejidad al caso. La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación ante esta situación.
Al menos ocho países latinoamericanos, junto con Estados Unidos y la Unión Europea, han condenado la orden de detención contra González Urrutia, considerándola una clara persecución política.
