El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha llamado a sus seguidores a iniciar un «retiro voluntario y progresivo» de WhatsApp, alegando que la aplicación está siendo utilizada para amenazar a Venezuela.
Durante un discurso en el Palacio de Miraflores ante jóvenes chavistas, Maduro anunció que eliminará personalmente WhatsApp de su teléfono y migrarán sus contactos a Telegram y WeChat.
«Yo voy a romper relaciones con WhatsApp. Porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Poco a poco iré pasando mis contactos a Telegram, a WeChat (…) ¡Fuera WhatsApp de Venezuela!», expresó.
El mandatario acusó a «criminales» de utilizar la plataforma para amenazar a líderes populares y militares, empleando números internacionales para ocultar su identidad.
Maduro enmarcó esta decisión como una elección entre «la violencia o la paz», instando a sus seguidores a rechazar lo que él denomina «fascismo».
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Esta medida se produce en un contexto de tensión política tras las recientes elecciones presidenciales, cuya legitimidad ha sido cuestionada.
Maduro también anunció planes para impulsar la «gran misión Venezuela joven» y advirtió a la oposición sobre posibles detenciones, haciendo referencia a la cárcel de Tocorón.
La decisión de Maduro de alejarse de WhatsApp refleja la creciente preocupación del gobierno venezolano por el papel de las redes sociales en la difusión de información y como herramienta de organización para la oposición.
Esta movida podría tener implicaciones significativas para la comunicación en Venezuela, donde WhatsApp es ampliamente utilizado.
El gobierno venezolano ha implementado varias medidas para limitar la libertad de expresión en redes sociales:
- Bloqueos selectivos de sitios web y redes sociales, particularmente para limitar el acceso a medios digitales.
- Vigilancia digital y persecución de usuarios, con un aumento de arrestos por contenido distribuido en plataformas como WhatsApp y TikTok.
- Imposición de multas y penas de hasta 20 años de prisión para quienes difundan información considerada «intolerante» a través de medios tradicionales o redes sociales.
- Ataques de denegación de servicio, hackeos y suplantación de identidad contra medios y periodistas
Estas medidas han resultado en una erosión significativa de las libertades fundamentales en el espacio digital venezolano, afectando el acceso a la información y la libre expresión de los ciudadanos.