La Policía Nacional ha desarticulado una de las mayores organizaciones criminales dedicadas a la explotación sexual de mujeres latinoamericanas en España.
La operación se saldó con la detención de 25 personas y la liberación de 11 víctimas.
Según informó la Policía, durante los meses que duró la investigación, más de 500 mujeres, principalmente colombianas, habrían sido explotadas en la ciudad de Málaga (sur de España).
Las condiciones de trabajo impuestas por la organización criminal eran abusivas y ponían en grave riesgo la salud de las mujeres, quienes eran obligadas a trabajar las 24 horas del día, siete días a la semana, sin poder elegir o rechazar a los clientes y sin usar preservativo, lo que ocasionó que varias contrajesen enfermedades de transmisión sexual.
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Además, las mujeres eran vigiladas permanentemente mediante cámaras instaladas en los pisos y sólo podían abandonarlos dos horas al día con autorización previa de las encargadas.
De las 25 personas detenidas, ocho ya han ingresado en prisión. Captaban a las víctimas en sus países de origen con falsas ofertas de trabajo
La investigación comenzó a partir de tres denuncias a los canales de la policía española contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual.
El entramado, perfectamente estructurado, captaba a una parte importante de las víctimas en sus países de origen, principalmente Colombia, engañándolas con falsas ofertas de trabajo en un centro estético en España.
Una vez en territorio español, las mujeres eran informadas de la deuda que habían contraído con los explotadores por la gestión y los gastos del viaje, y se les advertía de que debían saldar el montante ejerciendo la prostitución, aunque la deuda no paraba de incrementarse a través de sanciones y multas injustificadas.
Beneficios millonarios y distribución de drogas
Se calcula que el entramado tenía un beneficio anual que superaría el millón y medio de euros.
Además, se dedicaba a distribuir sustancias estupefacientes en los pisos que controlaba y obligaban a las mujeres a consumirlas y a fomentar su uso entre los clientes, con el objetivo de que los servicios duraran más tiempo y generar así mayores beneficios, lo que en algunos casos también derivaba en lesiones para las víctimas.