Este miércoles 9 de octubre, la Cancillería de Colombia solicitó formalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que proteja al presidente Gustavo Petro, quien se encuentra bajo investigación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La solicitud se enmarca en un contexto de tensión política que el gobierno considera un “golpe de Estado”.La declaración fue realizada por Jorge Rojas, viceministro de Relaciones Exteriores, quien afirmó: “Ya el caso está presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos solicitando medidas provisionales para el ciudadano presidente Gustavo Petro”.
La controversia detrás de la investigación
La controversia se desató el martes, cuando el CNE anunció que abriría una investigación contra Gustavo Petro y los líderes de su campaña presidencial de 2022.
Se les acusa de haber excedido los límites de gasto establecidos por la ley electoral y de no reportar adecuadamente los gastos de propaganda ni las contribuciones de ciertos sindicatos.
El CNE ha señalado que el presidente, junto con su gerente de campaña, Ricardo Roa, y otros miembros del equipo, deberán responder por una posible violación al régimen de financiación de campañas electorales. Según las acusaciones, habrían superado los topes permitidos y recurrido a fuentes no declaradas.
Un terremoto político en Colombia
La apertura de esta investigación ha generado un terremoto político en el país.
Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia reciente de Colombia, ha calificado la acción del CNE como un intento inconstitucional que carece de fundamento y que busca despojarlo de su cargo.
En respuesta a la situación, Petro ha convocado a sus seguidores a «defender» la democracia en las calles.
Este llamado ha encontrado eco entre las centrales obreras del país, que han programado una manifestación de apoyo para el próximo 23 de octubre. La situación ha polarizado aún más el ambiente político en Colombia, donde las tensiones entre el gobierno y la oposición se han intensificado.
Perspectivas legales y reacciones
Expertos en derecho constitucional advierten que el CNE podría remitir el caso a la Comisión de Acusaciones de la Cámara Baja, donde podrían surgir posibilidades de un juicio político.
Hernán Cadavid, congresista derechista, ha manifestado que esta instancia es la única facultada para investigar y presentar cargos contra un presidente.
Por otro lado, Humberto de la Calle, exjefe negociador del gobierno en los diálogos de paz con las FARC, ha instado a todas las partes a mantener la calma. “El presidente opta por la agitación”, dijo De la Calle, quien criticó la retórica incendiaria del mandatario y su percepción sobre el estado democrático del país.
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Críticas al Consejo Nacional Electoral
César Lorduy, presidente del CNE, ha defendido la independencia del organismo al afirmar que su función es investigar pero no decidir sobre la continuidad del presidente en su cargo.
Sin embargo, Petro ha arremetido contra Lorduy, acusándolo de intentar tenderle una trampa. “Es un prevaricato que busca el golpe parlamentario”, afirmó.
El presidente ha insistido en que no se le acusará de ningún delito real y ha señalado que las acusaciones son parte de una estrategia orquestada por sus opositores políticos. En un tono desafiante, Petro ha declarado: “No se me hará un juicio por indignidad cuando no se ha sobrepasado ningún tope de la campaña”.
