El juicio político en Paraguay contra el presidente Santiago Peña.
El juicio político en Paraguay contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana fue anunciado este martes en Asunción por senadores de la oposición, que decidieron llevar la crisis financiera de Ueno bank al terreno político y penal. La entidad permanece sometida a un procedimiento de resolución por problemas de solvencia que mantiene en vilo a ahorristas y jubilados de todo el país, según informó la agencia EFE.
La iniciativa la presentaron representantes de la Bancada del Bloque Democrático, que advirtieron sobre los riesgos que enfrentan los recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), el organismo encargado de administrar las pensiones de gran parte de los trabajadores paraguayos. Los legisladores responsabilizaron al Gobierno de Peña de la situación y anunciaron que el procedimiento avanzará en el Congreso en los próximos días.
Los fondos de pensiones, en el centro de la crisis de Ueno bank
Según los senadores opositores, la situación de Ueno bank compromete recursos del IPS superiores a los 328 millones de dólares. La gerente financiera del organismo previsional, Gladys Vera, precisó por su parte que las inversiones realizadas en la entidad ascienden aproximadamente a 355 millones de dólares, una cifra que dimensiona la exposición del sistema de pensiones a la crisis bancaria.
En la entidad permanecen además los depósitos de unos 32.000 jubilados, lo que incrementó la preocupación por las posibles consecuencias del procedimiento de resolución. El Banco Central del Paraguay (BCP) informó que inició ese procedimiento contra Ueno bank debido a una insuficiencia en su índice de solvencia, una medida que implicó el cierre de las operaciones de la entidad, conocida por su estrategia de servicios financieros digitales.
«Procedimos al cierre de la entidad, por lo tanto, ni la aplicación, ni las tarjetas, ni ningún servicio de la entidad está activo a partir de la fecha», explicó Liana Caballero, integrante del directorio del BCP, durante una conferencia de prensa. La crisis ya había provocado esta misma jornada la intervención de Ueno bank y el anuncio de renuncia del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, en una cadena de decisiones que ahora escala al Congreso.
El juicio político en Paraguay: qué dice el artículo 225
El procedimiento anunciado por los legisladores está contemplado en el artículo 225 de la Constitución paraguaya, que establece las condiciones para someter a juicio político a determinadas autoridades del Estado. Para iniciar el proceso, la Cámara de Diputados debe aprobar una acusación con el respaldo de una mayoría de dos tercios de sus integrantes.
La Constitución establece que este mecanismo puede aplicarse por mal desempeño de funciones, por delitos cometidos durante el ejercicio del cargo o por delitos comunes. Posteriormente, el Senado actúa como órgano juzgador y también necesita una mayoría de dos tercios para determinar la responsabilidad del funcionario acusado y disponer su destitución. De corresponder, los antecedentes pueden ser remitidos además a la justicia ordinaria.
Por el momento, los legisladores han anunciado su intención de impulsar el procedimiento, sin que ello implique que la acusación haya sido formalmente aprobada. El anuncio abre, con todo, el escenario político más delicado para el Gobierno de Peña desde el estallido de la crisis bancaria, en una región donde los mandatarios enfrentan con frecuencia presiones parlamentarias y económicas, como muestran también las tensiones políticas que rodean al presidente colombiano, Gustavo Petro.
Denuncias penales contra el Banco Central y contra Ueno bank
Los senadores opositores también informaron que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público contra los integrantes del directorio del Banco Central del Paraguay, encabezado por Carlos Carvallo, para investigar posibles responsabilidades penales relacionadas con la supervisión y la regulación del sistema financiero. La denuncia buscará establecer responsabilidades derivadas de acciones u omisiones en las funciones de regulación, fiscalización y supervisión.
Durante una comparecencia pública, el propio Carvallo reconoció que presentó su renuncia al cargo. Sin embargo, explicó que los acontecimientos relacionados con la intervención bancaria hicieron necesaria su permanencia temporal en la institución, sin precisar cuándo se concretará su salida, una indefinición que la oposición sumó a sus cuestionamientos.
En paralelo, la senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional, declaró a EFE que promoverá, junto con otros legisladores, una denuncia penal contra los directivos de Ueno bank. Paredes adelantó que solicitarán medidas cautelares, incluida la prisión preventiva, al considerar que podría existir riesgo de fuga y una elevada expectativa de pena para los responsables de la entidad intervenida.
Advertencia sobre protestas de ahorristas y jubilados
En su pronunciamiento, los integrantes de la Bancada del Bloque Democrático responsabilizaron al Gobierno de Santiago Peña de garantizar la seguridad ciudadana y el respeto de los derechos fundamentales ante eventuales movilizaciones sociales derivadas de la crisis. Los legisladores consideran que la situación podría generar protestas entre los afectados, especialmente los ahorristas y jubilados cuyos recursos permanecen vinculados a la entidad financiera.
La crisis bancaria abre así un nuevo escenario de confrontación política en Paraguay: mientras las autoridades financieras enfrentan cuestionamientos crecientes sobre la supervisión de Ueno bank y la protección de los recursos de los depositantes, la oposición traslada el caso al Congreso y a los tribunales, con el futuro político de Peña y Alliana como telón de fondo.
