Una jueza federal en Boston bloqueó este lunes la revocatoria del estatus legal de cientos de miles de migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití que ingresaron a Estados Unidos bajo la figura del parole humanitario. La decisión judicial representa un nuevo revés para la administración del presidente Donald Trump, que había impulsado medidas expeditas para acelerar deportaciones masivas, especialmente de ciudadanos latinoamericanos.
Parole humanitario para migrantes
El programa de parole humanitario fue implementado en octubre de 2022 durante la presidencia de Joe Biden. Permitía la entrada legal a Estados Unidos de hasta 30.000 migrantes mensuales provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, países con graves antecedentes de violaciones a los derechos humanos. En total, más de 532.000 personas accedieron a este beneficio, que les otorgaba protección temporal y permisos de trabajo por dos años.
En marzo de 2025, la administración Trump anunció su intención de revocar el estatus legal de estos migrantes, argumentando la necesidad de endurecer la política migratoria y frenar la inmigración irregular. Según el plan, los beneficiarios del parole perderían su protección legal a partir del 24 de abril, quedando expuestos a la deportación inmediata.
La jueza de distrito en Boston determinó que la administración Trump actuó bajo una interpretación errónea de la ley de inmigración. El fallo subraya que la expulsión acelerada puede aplicarse a quienes ingresan ilegalmente al país, pero no a quienes cuentan con autorización legal para residir en Estados Unidos, como es el caso de los beneficiarios del parole humanitario.
La decisión judicial ordena suspender la revocatoria y prohíbe a las autoridades migratorias retirar el estatus legal de estos inmigrantes sin una revisión individualizada. El fallo protege, al menos temporalmente, a más de medio millón de personas que, de otro modo, habrían perdido su estatus y sus permisos de trabajo en cuestión de días.
La medida judicial se produce en un contexto de creciente tensión política en torno a la inmigración en Estados Unidos. El presidente Trump ha prometido durante su campaña la deportación de «millones» de migrantes indocumentados y ha recurrido incluso a leyes históricas, como la de 1798, para justificar la expulsión de presuntos miembros de bandas criminales extranjeras, como el Tren de Aragua, a cárceles en El Salvador.
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Organizaciones de defensa de los migrantes y expertos legales han celebrado el fallo como una victoria para el debido proceso y la protección de los derechos de quienes han cumplido con los requisitos legales para residir en el país. Advierten, sin embargo, que la situación sigue siendo incierta y que la administración Trump podría buscar nuevas vías legales para restringir la inmigración.
