La justicia de Estados Unidos condenó este martes 3 de noviembre a 12 años de prisión al venezolano Jorge Figueira, de 60 años y residente en Miami.
La justicia de Estados Unidos condenó este martes 3 de noviembre a 12 años de prisión al venezolano Jorge Figueira, de 60 años y residente en Miami, tras hallarlo culpable de conspiración para el lavado de dinero en una red que movió más de 1.000 millones de dólares de origen ilícito a través de cuentas bancarias, plataformas de criptomonedas y billeteras digitales privadas.
Como parte del fallo, dictado por el juez de distrito Rossie D. Alston Jr., Figueira aceptó además una orden de decomiso y pago por 1.000 millones de dólares, la misma cifra que, según los documentos judiciales, circuló por la billetera virtual identificada por los investigadores y por diversas cuentas financieras vinculadas al sentenciado.
Así funcionaba la red de lavado de dinero de Jorge Figueira
De acuerdo con la acusación, la red operada por Figueira utilizaba un entramado de cuentas bancarias, plataformas de intercambio de criptomonedas, billeteras digitales privadas y empresas fantasma para mover e ingresar grandes cantidades de dinero ilícito hacia y desde Estados Unidos, con un mecanismo diseñado paso a paso para evadir a las autoridades.
El dinero en efectivo o en tránsito era convertido primero en activos digitales y transferido a una serie de billeteras de criptomonedas. Después, Figueira enviaba los fondos a proveedores de liquidez para canjear las criptomonedas por dólares estadounidenses, que terminaban depositados en sus cuentas bancarias personales y comerciales antes de ser transferidos a los receptores finales de la trama.
Las investigaciones revelaron que la mayoría de los fondos entrantes provenían de plataformas de comercio de criptomonedas, mientras que los desembolsos se redirigían a empresas e individuos tanto en Estados Unidos como en el extranjero, incluidos países catalogados como jurisdicciones de alto riesgo, entre ellos Colombia, China, Panamá y México. Los fiscales sostienen que la red blanqueó dinero perteneciente a múltiples actores ilícitos, entre ellos organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
El anuncio del Departamento de Justicia y el papel del FBI
El anuncio de la condena fue realizado por Theophani K. Stamos, primera fiscal federal adjunta para el Distrito Este de Virginia, y por Jeffrey L. Tyler, agente especial a cargo de la División Criminal de la Oficina de Campo del FBI en Washington, la oficina que identificó aproximadamente 1.000 millones de dólares en criptomonedas que pasaron por las billeteras utilizadas por la operación de Figueira.
La acusación del caso estuvo a cargo de los fiscales federales adjuntos Catherine Rosenberg y Edgardo Rodríguez. En la fase de denuncia, la Fiscalía había advertido que el caso involucraba una escala de conducta criminal que representa una amenaza profunda para los sistemas financieros y la seguridad pública, y Figueira enfrentaba una pena máxima de hasta 20 años de prisión, de la que finalmente recibió 12.
Otro venezolano ante la justicia estadounidense en la misma jornada
La sentencia de Figueira se conoció el mismo día en que el Departamento de Seguridad Nacional advirtió sobre la posible liberación en Washington de otro venezolano condenado, en ese caso por abuso infantil, un caso que volvió a enfrentar al Gobierno federal con las autoridades de las jurisdicciones consideradas santuario.
Ambos episodios transcurren además en plena jornada electoral en Estados Unidos, marcada por el debate migratorio y por episodios como el mensaje del ICE a los votantes que desató polémica este martes. Para la diáspora venezolana en Estados Unidos, la condena de Figueira se suma a la lista de casos que mantienen bajo escrutinio judicial a ciudadanos venezolanos en ese país, en esta oportunidad por uno de los montos de lavado más altos procesados por la justicia estadounidense en los últimos años.
Con la sentencia ya dictada, Figueira deberá cumplir los 12 años de prisión impuestos por el tribunal de Virginia y responder por la orden millonaria de decomiso, en un expediente que las autoridades presentaron como ejemplo del uso de las criptomonedas y las billeteras digitales para ocultar el origen de fondos procedentes del crimen organizado.
