Los indígenas desplazados en Bolívar ya se cuentan por comunidades enteras. Al menos 200 familias de pueblos originarios del municipio Cedeño han tenido que abandonar sus territorios por la guerra que libran el ELN y la Segunda Marquetalia por el control de las minas ilegales de oro, estaño y coltán al sur del río Orinoco, según una investigación de Amazon Underworld reseñada este martes 17 de noviembre por El Nacional.
Las minas antipersonal, el reclutamiento forzado de menores y los ataques con drones cargados de explosivos empujaron la salida de las familias, de acuerdo con los cálculos aproximados de fuentes locales consultadas por la investigación. En Cedeño, la presencia del Estado es prácticamente inexistente, y los dos grupos armados colombianos mantienen presencia en la zona desde hace unos 15 años.
Indígenas desplazados en Bolívar: comunidades enteras abandonadas
Las Bateas, donde vivían unos 200 e’ñepá, uno de los pueblos originarios de la zona, quedó abandonada a finales de octubre. Toda la comunidad jivi de Ekunay también se trasladó, y huyeron además comunidades wötjüja del río Parguaza y Simonero. La violencia alcanza a El Jobal, Punta Brava, El Palomo y Angostura, además de La Lajita.
En La Lajita, hombres armados intentaron reclutar a un niño indígena de 12 años frente a su comunidad jivi. El padre se ofreció a acompañarlos para evitar que se llevaran al menor y desde entonces permanece desaparecido. «Preguntaron cuántos jóvenes había, para ellos volver, para volverse a llevar a los demás», relató un anciano jivi a Amazon Underworld.
Minas antipersonal, toques de queda y conucos sembrados de explosivos
Cuatro civiles han sido víctimas de minas antipersonal en Cedeño durante 2026. El temor mantiene a los habitantes lejos de sus áreas de pesca, caza y siembra, y algunas comunidades están confinadas. «Nosotros teníamos los conucos un poco retirados, a tres horas de camino. Y como ellos decidieron colocar explosivos, no pudimos sembrarlos», explicó una mujer jivi desplazada de La Lajita.
Los grupos armados imponen toques de queda, castigan su incumplimiento y revisan los teléfonos en controles rurales. También utilizan drones con explosivos para atacarse en zonas habitadas, y los combates, que pueden prolongarse durante días, han interrumpido las clases en la zona.
Una disputa por el oro que se extiende por tres estados
Según la investigación, el ELN opera en 12 municipios de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, mientras la Segunda Marquetalia —formada por excomandantes de las FARC que abandonaron el acuerdo de paz de 2016— está presente en nueve jurisdicciones. La demanda de minerales para la defensa y las tecnologías modernas, junto con los cambios en las rutas del narcotráfico, intensifica la disputa por el sur venezolano.
Mientras tanto, otras regiones del país intentan volver a la normalidad por vías muy distintas, como ocurre en la costa central, donde ya funciona el 64,5 % de los comercios de La Guaira tras el doble terremoto. En Cedeño, en cambio, no hay reconstrucción a la vista: hay comunidades vacías, niños en la mira de los reclutadores y un territorio minero que dos ejércitos irregulares se reparten a tiros ante la ausencia del Estado.
Las comunidades afectadas piden presencia del Estado y protección efectiva, pero hasta ahora ninguna autoridad ha anunciado un plan de atención para los desplazados ni un operativo sostenido en Cedeño. Sin esa respuesta, los pueblos jivi, e’ñepá y wötjüja quedan solos frente a dos grupos armados que ya decidieron que su territorio vale más que su gente.