Las detenciones por el devastador incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court entraron este lunes en una fase crítica tras la confirmación de que los 13 arrestados —12 hombres y una mujer, de entre 40 y 77 años— serán investigados por homicidio involuntario, un cargo que en Hong Kong puede ser castigado con prisión perpetua, la pena máxima prevista en el sistema penal del territorio.
El jefe de seguridad de la policía hongkonesa, Chan Tung, informó que la investigación se abrió “de inmediato por homicidio involuntario” tras las primeras pericias en la escena. Paralelamente, el gobierno indicó que parte de las redes de protección utilizadas durante las obras de renovación del complejo “no cumplían con las normas antiincendio”.
Las muestras recogidas en siete puntos de cuatro de las siete torres quemadas evidenciaron la presunta violación de los estándares obligatorios de seguridad.
El saldo del incendio continúa aumentando: el número de muertes confirmadas subió a 151, y las autoridades no descartan que la cifra siga en ascenso. “No podemos descartar que la cifra siga aumentando”, dijo el mando policial Tsang Shuk-yin.
Conforme a la legislación vigente, Hong Kong no contempla la pena de muerte desde su abolición en 1993. En su lugar, los casos de mayor gravedad —como los derivados de homicidio o de negligencia que derive en muertes masivas— pueden concluir con cadena perpetua, decisión que dependerá del tribunal encargado del proceso.
Para que prospere la acusación en la modalidad de “negligencia grave”, la fiscalía deberá demostrar que los acusados ignoraron un riesgo evidente para la vida humana.
Indemnización
Además del procedimiento penal, los imputados podrían enfrentar procesos civiles por indemnización, sanciones económicas y la inhabilitación para ejercer profesiones vinculadas a la construcción y la gestión de obra.
Si se confirman fallos sistemáticos en el manejo de la renovación del complejo o en el cumplimiento de las normas antiincendio, el caso sentaría un precedente severo para el sector inmobiliario y para la supervisión de obras en Hong Kong.
La presión pública aumenta junto al número de fallecidos. A medida que avanza la investigación, crece la expectativa sobre si se limitará la responsabilidad a los 13 detenidos o si se ampliará a otros actores del sector de la construcción, contratistas o autoridades reguladoras involucradas en el proceso de renovación. El escenario judicial, hoy, se perfila hacia la posibilidad de la condena más alta que permite la ley.
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