El expresidente Alberto Fernández (2019-2023) ha sido imputado por el fiscal federal Ramiro González. La acusación, presentada el miércoles 14 de agosto de 2024, se basa en una denuncia de su expareja, la ex primera dama Fabiola Yáñez, quien lo acusa de lesiones graves y amenazas coactivas en un contexto de violencia de género.
La denuncia contra Alberto Fernández
La denuncia de Yáñez se fundamenta en una serie de incidentes que, según el fiscal, constituyen un patrón de violencia machista. En su declaración, Yáñez relató haber sufrido un «hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas» a lo largo de su relación con Fernández, la cual se caracterizaba por una «estructura asimétrica y desigual de poder». Este desequilibrio se intensificó con la elección de Fernández como presidente en 2019, lo que, según el fiscal, exacerbó los comportamientos abusivos del exmandatario.
El fiscal González ha detallado varios incidentes específicos que ilustran la gravedad de las acusaciones. Entre ellos se incluye un episodio en 2016, donde Fernández supuestamente obligó a Yáñez a abortar mediante un proceso de «destrato, negación de la palabra y hostigamiento», lo que le provocó un daño psíquico irreparable. Además, se mencionan agresiones físicas ocurridas en 2021, como un incidente en el que Fernández sujetó del brazo a Yáñez, causándole lesiones visibles, y otro en el que le propinó un golpe en el ojo durante una discusión en la suite presidencial de Olivos.
El 12 de agosto de 2021, Fernández habría agredido a Yáñez con una patada en el vientre, consciente de que ella podría estar embarazada en ese momento. El fiscal también sostiene que, durante el primer semestre de 2023, el exmandatario golpeaba a Yáñez con regularidad, lo que llevó a la ex primera dama a mudarse con su hijo Francisco a una casa de huéspedes en Olivos, donde Fernández continuaba ingresando de manera violenta.
Yáñez ha compartido sus experiencias con otras personas, incluyendo a Ayelén Mazzina, entonces ministra de Mujeres, Género y Diversidad, a quien mostró fotos de las lesiones sufridas durante un viaje a Foz de Iguazú. Sin embargo, según el relato de Yáñez, la ministra no tomó medidas concretas para ayudarla, sugiriendo simplemente que la visitara en su oficina.
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Además, el fiscal ha mencionado que Yáñez recibió presiones para no denunciar a Fernández, incluyendo un llamado de su abogado, quien le aconsejó no proceder con la denuncia. También ha reportado haber recibido amenazas tanto del exmandatario como de terceros en las semanas previas a su declaración.
La imputación de Fernández no solo plantea serias implicaciones legales para el exmandatario, sino que también podría tener un impacto significativo en el panorama político argentino. La violencia de género ha sido un tema candente en la sociedad argentina, y este caso podría reavivar el debate sobre la protección de las mujeres y la responsabilidad de los líderes políticos en casos de abuso.
El fiscal González ha solicitado recabar pruebas adicionales en el marco de la denuncia, incluyendo fotografías y conversaciones halladas en el teléfono de la secretaria de Fernández, en el contexto de una investigación más amplia por presunta corrupción en la contratación pública. Esto sugiere que la situación de Fernández podría complicarse aún más si se encuentran más evidencias que respalden las acusaciones de Yáñez.
