La actuación de ICE en Seattle desató este fin de semana un choque abierto entre el gobierno del estado de Washington y la agencia federal de inmigración. El gobernador Bob Ferguson afirmó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas están «completamente fuera de control» después de que dos personas de origen mexicano fueran detenidas el sábado por la mañana en una pasarela de embarque del principal aeropuerto de Seattle, cuando estaban a punto de abordar un vuelo.
Las imágenes del operativo, grabadas en video y ampliamente difundidas en redes sociales, muestran a hombres encapuchados sacando a los dos viajeros de la pasarela. La escena, ocurrida en plena zona de embarque y ante otros pasajeros, encendió la indignación del gobernador y abrió una investigación estatal sobre cómo actuaron los agentes y cómo lograron acceder a esa área restringida del aeropuerto.
ICE en Seattle: una operación selectiva, según la agencia
ICE confirmó que llevó a cabo «una operación selectiva» para arrestar a Ricardo Larrondo Mendoza, un ciudadano mexicano que, según la agencia, permaneció en Estados Unidos después del vencimiento de su visado. La detención se produjo el sábado por la mañana en el aeropuerto, en el momento en que Mendoza intentaba abordar su vuelo.
La segunda persona detenida fue identificada como Sofía Hernández Mejía, también mexicana y con el visado expirado, de acuerdo con la versión oficial. ICE sostiene que Hernández Mejía arrojó café caliente a uno de sus funcionarios durante el operativo, por lo que será acusada de agredir a un agente federal. Tras ese incidente, también quedó bajo arresto.
La aerolínea Alaska Airlines, que operaba el vuelo que ambos intentaban abordar, manifestó el sábado su preocupación por la actuación de las fuerzas del orden durante la mañana. La compañía no ofreció más detalles sobre el impacto del operativo en la salida del vuelo ni sobre la situación de los demás pasajeros.
Ferguson investiga si se violó la ley estatal
Ferguson no se limitó a criticar el operativo en redes sociales. En una publicación en X escribió: «Como muchos estadounidenses, me indigna ver a agentes encapuchados, que no se identifican, sacar a personas de las pasarelas de embarque cuando están a punto de abordar un vuelo, generando caos en nuestras comunidades».
En conferencia de prensa, el gobernador adelantó que los agentes de ICE podrían haber infringido una ley del estado de Washington que limita el uso de coberturas faciales por parte de las fuerzas del orden. También anunció que su gobierno investiga cómo los agentes accedieron a la pasarela de embarque, un punto sensible porque se trata de una zona a la que solo se llega después de superar los controles de seguridad del aeropuerto.
El señalamiento de Ferguson apunta al corazón del debate que recorre Estados Unidos: agentes federales que actúan con el rostro cubierto y sin identificarse visiblemente durante detenciones de migrantes en espacios públicos. Para sus críticos, esa práctica multiplica el miedo en las comunidades; para la agencia, forma parte de sus protocolos de seguridad en operaciones dirigidas.
Un nuevo frente en la ofensiva migratoria de Trump
El episodio de Seattle no es un hecho aislado. Los agentes de ICE han llevado a cabo redadas en todo Estados Unidos como parte de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, una política que ha multiplicado los operativos en ciudades, lugares de trabajo y, como ocurrió el sábado, incluso en aeropuertos.
Washington, un estado del noroeste del país gobernado por los demócratas, se ha convertido en uno de los escenarios de esa tensión entre las autoridades estatales y el gobierno federal. La respuesta de Ferguson, con investigación incluida, anticipa un nuevo frente de disputa legal y política sobre los límites de la actuación federal dentro de infraestructuras bajo jurisdicción estatal.
Por ahora, Mendoza y Hernández Mejía permanecen bajo custodia de ICE. Ella enfrenta además la acusación de agredir a un agente federal, un cargo que podría complicar seriamente su situación migratoria y judicial. El gobierno estatal no ha precisado todavía el alcance ni los plazos de su investigación sobre el operativo.