La huelga Ramo Verde entró este miércoles 18 de noviembre en su momento más delicado: 19 de los 36 militares que llevan nueve días sin ingerir alimentos en el Centro Nacional de Procesados Militares, en Los Teques, estado Miranda, ya presentan signos de descompensación física, según el balance que el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) recogió de los propios familiares. Las autoridades, mientras tanto, no han dado respuesta a las peticiones de revisión de los casos ni a los llamados de atención médica.
La protesta supera ya las 216 horas. Comenzó el lunes 9 de noviembre, cuando 21 sargentos vinculados a la causa del comando de Cotiza dejaron de comer, y con el paso de las horas se fueron sumando detenidos de otras causas —Paramacay, Sukhoi, Operación Aurora, Refinería de El Palito, 30 de Abril, Operación Gedeón II y Gobernación de Monagas, entre ellas dos mujeres— hasta completar los 36 huelguistas que hoy duermen en carpas en el patio del penal.
Huelga Ramo Verde: quiénes son los 19 descompensados
El OVP identificó, con información de los familiares, a los 19 militares que ya se han descompensado: los sargentos mayores de tercera Geomer Martínez Natera, Luis Bandres y Juan Bolívar; los sargentos primeros Jorge Rico, Luis Milanés, Yordanis Camacaro, Alberto Piñango, Víctor Perozo y Andry Vargas; los sargentos segundos Wolfang González, Luis Lobo, Catalino Romero Pérez, Asdrúbal Chirinos, Yeicer Montero, Antonio Padrón e Ismael Guerra; los primeros tenientes Jefferson Dos Ramos y Hugo Aparicio, y el sargento segundo Tony Guevara.
De acuerdo con el reporte humanitario recopilado por las organizaciones que siguen el caso, los huelguistas sufren descompensaciones, dolores estomacales, mareos, náuseas, debilidad y desorientación. Al menos 18 de ellos arrastran además patologías previas —hipertensión, diabetes y arritmias cardíacas, entre otras— que agravan el riesgo con cada día que pasa sin alimentos. El caso más delicado hasta ahora ha sido el del sargento Luis Alfredo Lobo Medina, evacuado de emergencia al Hospital Militar el sábado 14 de noviembre y luego devuelto al penal.
Lo que piden los huelguistas
Los militares exigen que se investiguen las irregularidades y los vicios que denuncian en sus procesos judiciales, que cesen los retardos procesales y que sus expedientes sean revisados e incluidos entre los casos atendidos por la mesa de diálogo, con libertades plenas para quienes ya cumplieron sus penas o llevan años esperando juicio. Varios de los sargentos de Cotiza fueron detenidos tras el alzamiento del 21 de enero de 2019 en ese comando de la Guardia Nacional, al norte de Caracas.
La respuesta institucional, según las denuncias de los familiares, ha sido el silencio y medidas de presión: el viernes pasado se suspendieron las visitas a la totalidad de los 235 detenidos en Ramo Verde, y los allegados aseguran que a los huelguistas se les ha negado asistencia médica, agua y hasta el acceso a los baños. El lunes 16, los familiares acudieron al penal y entregaron a los custodios electrolitos, sueros y otros insumos de hidratación para los protestantes.
El OVP exige que el Ministerio Público y la Cruz Roja entren al penal
El Observatorio Venezolano de Prisiones exigió al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y al Comité Internacional de la Cruz Roja que acudan de inmediato a Ramo Verde «para escuchar las peticiones de estos militares y constatar su delicado estado de salud». La organización insistió también en la urgencia de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncien sobre la protesta y sobre «el grave riesgo que corren los detenidos arbitrariamente».
Hasta este martes, cuando se cumplieron ocho días de protesta, ningún representante del Ministerio Público, de la Defensoría ni de la Asamblea Nacional había acudido al centro penitenciario a dialogar con los huelguistas, pese a los reiterados llamados de las organizaciones y de los familiares. Human Rights Watch también informó el viernes que ha recibido «reportes preocupantes» sobre la situación de los reclusos.
Un caso dentro de una cifra mayor
La protesta de Ramo Verde ocurre dentro de un universo que el Foro Penal cifra en 321 personas detenidas en Venezuela por razones políticas: 306 hombres y 15 mujeres, de las cuales 140 son militares y 181 civiles. Los huelguistas piden, en concreto, ser alcanzados por las revisiones de casos y por los beneficios de la Ley de Amnistía, una discusión que sigue abierta en el país mientras en Caracas se suceden gestos políticos como el regreso de Carlos Blanco tras ocho años de exilio, recibido por María Corina Machado.
El deterioro también se produce en paralelo a movimientos de alto nivel entre Caracas y Washington, como la reactivación de la cooperación militar entre Venezuela y Estados Unidos, rota desde 2005, y a la actividad pública de la propia Machado, que esta semana actualizó sus datos en el Saime en Caracas. Para los familiares, sin embargo, la urgencia no es política sino médica: con 19 descompensados y nueve días sin comer, cada jornada sin una visita oficial ni atención sostenida acerca la protesta a un desenlace que las organizaciones de derechos humanos llevan días advirtiendo.