El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, anunció el 14 de noviembre de 2024 la decisión de retirar las pensiones que recibe la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras la confirmación de su condena por corrupción.
Esta medida fue comunicada por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien argumentó que la jubilación de un mandatario debe ser un privilegio excepcional y que la exmandataria, condenada por administración fraudulenta, no representa los valores de honor y mérito que dicha pensión debería implicar.
Condena de Cristina Fernández de Kirchner
La justicia argentina ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner, dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2. Esta sentencia se relaciona con irregularidades en la concesión de obras públicas en Santa Cruz durante su mandato y el de su difunto esposo, Néstor Kirchner.
Adorni destacó que las pensiones suman un costo mensual significativo para el Estado, alrededor de 21,8 millones de pesos (21.800 dólares), lo cual resulta insostenible en el contexto actual.
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La ley 24.018 establece que las pensiones a expresidentes son excepcionales y deben reflejar un desempeño honorable. Sin embargo, Adorni enfatizó que la condena de Fernández contradice estos principios: «Cristina Fernández representa lo contrario al honor y al buen desempeño». La Cámara Federal de Casación Penal subrayó que su conducta había perjudicado gravemente las finanzas del Estado, confirmando así la gravedad de los delitos cometidos durante su gestión.
La decisión del gobierno no solo afecta las finanzas personales de Fernández, sino que también podría obstaculizar sus aspiraciones políticas futuras. Se anticipa que la exmandataria Fernández de Kirchner apelará ante la Corte Suprema, un proceso que podría prolongarse indefinidamente. En sus declaraciones previas a la condena, Fernández denunció un «lawfare» en su contra y cuestionó la imparcialidad del sistema judicial argentino.
