Los funcionarios del Cicpc detenidos en Maracaibo por presuntos hechos de corrupción suman siete, y este viernes 20 de noviembre sus familiares decidieron hacer pública su versión. Eukary Josefina Molina Sarmiento, hermana de uno de los investigadores, acudió a la redacción de Noticia al Día para denunciar presuntas irregularidades en el proceso judicial y pedir que la máxima autoridad del Ministerio Público conozca el expediente y ayude a esclarecer las acusaciones.
Según su relato, los siete funcionarios del Cicpc de la delegación Maracaibo —entre ellos dos mujeres— permanecen privados de libertad mientras corre el lapso de 45 días de averiguaciones. La familia sostiene que no cuenta con recursos para viajar a Caracas a exponer el caso, y por eso optó por formular la denuncia ante la prensa regional.
Funcionarios del Cicpc: un procedimiento del 26 de agosto en el origen del caso
De acuerdo con la denunciante, el caso se originó en un procedimiento ocurrido el 26 de agosto de 2026, tras el cual se emitió una orden de aprehensión de la Fiscalía 17 contra los siete investigadores. A los detenidos se les vincula, según esa versión, con una presunta red dedicada a estafas telefónicas y a un mecanismo de suplantación de páginas —descrito como un «coach»— para captar usuarios y contraseñas, extraer dinero y moverlo hacia plataformas como Amazon o Binance, donde se perdería el rastro, con referencias a operaciones en Chile, Estados Unidos, Venezuela y México.
Molina Sarmiento afirmó que desconoce en detalle los delitos específicos que se pretende imputar a cada funcionario y que la familia no busca interferir en la investigación de la Fiscalía. Su planteamiento central es otro: que hay señalamientos que, a su juicio, no corresponden a los detenidos y que el expediente debe revisarse con averiguaciones concretas antes de atribuir responsabilidades.
«Nunca intentaron escaparse», sostiene la familia
Uno de los puntos que la hermana del funcionario subrayó es la conducta de los investigados al conocer la orden en su contra. «Ellos nunca intentaron escaparse, pues desde el primer día que supieron de la orden de aprehensión se dirigieron hasta su despacho, donde se enteraron de todo lo que estaba sucediendo», declaró. Según su testimonio, fue allí donde los funcionarios fueron esposados, un dato que la familia presenta como prueba de que no hubo intento de fuga.
La denunciante también alertó sobre la existencia de un grupo cerrado en la red social Telegram en el que, presuntamente, se ofrecen altas sumas de dinero en dólares para atentar contra la vida de su hermano y de sus compañeros. Esa amenaza, sumada a lo que describe como un atosigamiento constante, es parte de lo que motivó a los familiares a pedir públicamente protección y una revisión del caso. En Maracaibo, la agenda de sucesos de estos días también incluyó la captura en el Puente sobre el Lago de un prófugo por femicidio que se movía con una cédula falsa.
Lo que pide la familia y lo que sigue en el proceso
La petición concreta de los familiares es que las autoridades competentes realicen averiguaciones concretas, revisen todo el expediente y aclaren la situación de los siete detenidos. Mientras el lapso de investigación sigue corriendo, el caso queda en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si las imputaciones se sostienen contra cada uno de los funcionarios o si, como sostiene la defensa familiar, hay delitos que se les pretenden atribuir sin que sean responsables.
La denuncia se conoce en una ciudad donde los cuerpos de seguridad han estado en el centro de varias noticias recientes, entre ellas el caso del joven arrollado en La Limpia que quedó en cuidados intensivos mientras testigos retenían al conductor. Por ahora, la versión de la Fiscalía sobre las presuntas irregularidades denunciadas no se ha hecho pública, y los siete investigadores siguen detenidos a la espera de que avance el proceso.