Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), instó este lunes al gobierno de Nicolás Maduro a liberar a los adolescentes detenidos por organismos de seguridad del Estado durante las protestas poselectorales, así como a todos los presos políticos en Venezuela.
Durante su intervención en la sesión inaugural de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma en La Haya, Khan enfatizó la necesidad urgente de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, que han sido arrestados por motivos políticos o por participar en manifestaciones pacíficas.
«Después de las elecciones de este año, insistí en mis comunicaciones con Venezuela y en declaraciones públicas sobre la necesidad de proteger los derechos de los civiles», expresó Khan. Su mensaje es claro: todos los venezolanos tienen derecho a la justicia, similar al derecho que poseen las familias que ha conocido en otros países como Libia o Bangladesh. «Esto es lo más básico que se puede decir, pero vale la pena subrayar», agregó.
El fiscal también mostró su preocupación por la falta de implementación de reformas legales en Venezuela y destacó la urgencia de acelerar los esfuerzos de justicia en el país. «La complementariedad no puede ser una historia interminable. No he visto la implementación concreta que esperaba de leyes y prácticas en Venezuela», afirmó. Dejó claro que el gobierno venezolano tiene la responsabilidad de actuar y que «la pelota está en el tejado de Venezuela».
Khan informó que las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela avanzan «sin demora». Su equipo ha estado trabajando con un enfoque específico para acelerar las actividades de recolección de pruebas, con el objetivo de establecer puntos de referencia y plazos concretos.
«Estamos siguiendo de cerca los acontecimientos actuales en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio», dijo Khan, confirmando que su oficina está analizando independientemente las denuncias sobre crímenes que pueden ser competencia de la CPI.
Además, instó al gobierno venezolano a permitir la entrada a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, como se había prometido por escrito. «Deben cooperar de manera más tangible con mi oficina», subrayó.
La CPI ha estado investigando presuntos crímenes de lesa humanidad desde 2017, cuando comenzaron las protestas contra el gobierno que resultaron en más de 100 muertes. La situación se ha agravado tras las elecciones del 28 de julio, donde Nicolás Maduro fue proclamado ganador en un proceso calificado como fraudulento por la oposición.
Según la ONG Foro Penal, actualmente hay 1.903 personas encarceladas por disentir del gobierno, muchas detenidas después del último proceso electoral.El pasado fin de semana, María Corina Machado, líder opositora, hizo un llamado a los venezolanos para que pidan a la CPI que actúe con urgencia para garantizar justicia ante las violaciones a los derechos humanos en el país.
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Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado torturas y detenciones arbitrarias, incluyendo abusos contra niños detenidos tras las elecciones. La ONG ha contabilizado al menos 198 niños arrestados, aunque más de 100 fueron excarcelados en septiembre y unos 25 en noviembre. Sin embargo, muchos siguen enfrentando procesos judiciales por cargos relacionados con terrorismo.
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, ha admitido que se han detenido adolescentes acusados de participar en actos violentos post-electorales, pero ha negado que haya niños arrestados. Esta discrepancia entre las afirmaciones del gobierno y las denuncias realizadas por organizaciones defensoras de derechos humanos resalta la complejidad y tensión existente entre el régimen y sus críticos.
