Un total de 119 organizaciones de la sociedad civil exigieron la derogación completa de las leyes que restringen el espacio cívico en Venezuela.
Un total de 119 organizaciones de la sociedad civil exigieron la derogación completa de las leyes que restringen el espacio cívico en Venezuela, al considerar que los anuncios oficiales de revisión y reforma parcial resultan insuficientes frente a normas que califican de inconstitucionales.
En un comunicado conjunto, las organizaciones pidieron derogar la Ley contra el Odio, la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar y la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro. Según el texto, esos instrumentos son incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y deben dejar de aplicarse mientras se concreta su derogación.
Por qué la reforma del espacio cívico en Venezuela no basta, según las ONG
Las firmantes sostienen que, tras los acontecimientos de inicios de 2026, la recuperación de la institucionalidad y del Estado de derecho exige garantizar un espacio cívico seguro y habilitante. «Estas leyes son inconstitucionales en su origen o en su contenido, e incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos, por lo que deben ser derogadas en su totalidad», afirmaron.
Sobre la Ley contra el Odio, recordaron que fue dictada por la Asamblea Nacional Constituyente, a la que atribuyen la usurpación de las funciones del Parlamento, por lo que la norma «padece un vicio de origen irreformable». En su opinión, una norma nula en su origen no se convalida reformándola: «la reforma hereda el vicio y el aval judicial solo lo prolonga».
Las organizaciones añaden que el contenido de la reforma anunciada también es insuficiente: elimina la pena de prisión, pero conserva sanciones administrativas discrecionales a cargo del Ejecutivo, definiciones imprecisas y la posibilidad de retirar contenidos sin orden judicial.
La Ley Bolívar y la Ley de Fiscalización de ONG, en el centro del reclamo
Respecto a la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, las 119 organizaciones coincidieron en que «representa una amenaza directa contra la labor de denuncia en derechos humanos». Denunciaron que su núcleo punitivo viola el principio de legalidad y la libertad de expresión al tipificar penas de hasta 30 años de prisión, inhabilitaciones políticas de hasta 60 años, juicios en ausencia y castigos a medios de comunicación.
También advirtieron de que la Ley de Fiscalización de ONG no figura entre las leyes cuya revisión ha sido anunciada, pese a que afecta de manera estructural el derecho a la libertad de asociación. Para las firmantes, la vigencia de este entramado no es un problema abstracto: permite que los abusos y las arbitrariedades continúen de forma sistemática.
Como respaldo, citaron una encuesta de Civilis a 101 organizaciones de todos los sectores de la sociedad civil que confirma el efecto disuasivo de la Ley de Fiscalización: el 20,8 % de las organizaciones consultadas suspendió actividades y, de las que intentaron completar el nuevo registro, solo el 17 % lo logró.
204 eventos represivos documentados entre julio y septiembre
El comunicado recoge además los datos del Monitor Cívico de Civilis, que entre julio y septiembre de 2026 documentó 204 eventos represivos que se tradujeron en 375 incidencias de vulneración de derechos, principalmente de la libertad de asociación, la libertad de expresión y el derecho a la participación.
Los actores más afectados, según ese monitoreo, fueron partidos políticos, gremios, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, con la participación directa de cuerpos de seguridad del Estado y de autoridades legislativas, judiciales y administrativas que actuaron de forma coordinada.
Las exigencias concretas a la Asamblea Nacional y a la mesa de diálogo
Entre las firmantes figuran Provea, Foro Penal, Cecodap, Espacio Público, Acceso a la Justicia, Cepaz, Consorven y la Redhnna. Su petición principal a la Asamblea Nacional es la derogación integral de la Ley contra el Odio, la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar y la Ley de Fiscalización de ONG.
Mientras eso ocurre, demandaron la suspensión inmediata de la aplicación de esas leyes y de todo procedimiento sancionatorio, penal o administrativo en curso basado en ellas, así como el restablecimiento del registro de las organizaciones afectadas bajo un régimen de simple notificación, de acuerdo con las normas del Código Civil.
También pidieron a las partes de la mesa de diálogo incluir la Ley de Fiscalización de ONG en su agenda y abrir un mecanismo formal de participación de la sociedad civil y de las víctimas, y a la comunidad internacional hacer de la derogación de este marco una condición mínima de cualquier acuerdo de reinstitucionalización. El comunicado cierra con un llamado a todas las autoridades a actuar en estricto apego a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos.
