El duque de Sussex, Enrique de Inglaterra, enfrenta más disputas legales que lazos familiares con su país. En una reciente decisión, el magistrado Peter Lane, del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, ha fallado en favor del Gobierno británico en el caso que involucra la retirada del servicio de escoltas al príncipe. El Comité Ejecutivo para la Realeza y Autoridades VIP (Ravec) había cesado estas prestaciones policiales desde que Enrique y su esposa, Meghan Markle, anunciaron su salida de las actividades públicas en nombre de la casa real en 2020.
El duque de Sussex había intentado combatir esta decisión considerada injusta en los tribunales. A pesar de que se le permitió seguir adelante en parte con su batalla legal, el juez Lane ha respaldado la decisión del Gobierno de retirarle el servicio permanente de seguridad que disfrutaba en el Reino Unido. Aunque se mencionó que Enrique podría contar con protección oficial durante sus visitas al país, se especificó que esta no sería permanente ni automática, sino que se organizaría de manera personalizada.
Incluso se planteó la posibilidad de que el príncipe pagara por los servicios de escolta, pero el Gobierno argumentó que no era apropiado que los ricos pudieran «comprar» su seguridad mediante agentes de policía armados. Esta reclamación también fue rechazada por las autoridades británicas.
El príncipe Enrique esperaba que el juez Lane fallara en contra de la decisión de Ravec, pero la sentencia ha sido en sentido contrario. El magistrado acusó a los abogados del príncipe de interpretar de manera inapropiada las tareas y competencias del comité ejecutivo. Se destacó que la participación del palacio de Buckingham en las decisiones de Ravec es parte de su composición y funcionamiento. Además, se defendió la oferta de una «seguridad a medida» para Enrique como una solución legalmente correcta.
Tras conocerse el fallo, un portavoz del príncipe anunció que apelarán la decisión. «Estamos considerando cuidadosamente nuestros próximos pasos. Sería inapropiado hacer más comentarios», agregó el portavoz. Por su parte, el Gobierno británico afirmó que el sistema de seguridad era riguroso y proporcionado.
A medida que los lazos judiciales entre el príncipe Enrique y su país se fortalecen, la batalla legal continúa. El duque de Sussex no ha logrado asegurar su protección permanente en el Reino Unido y deberá explorar nuevas estrategias para garantizar su seguridad en el futuro.
