La Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), una controvertida propuesta que amenaza el funcionamiento de las asociaciones civiles en Venezuela, ha pasado a segunda discusión en el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo desde 2020, tras unas elecciones en las que la oposición no participó.
A pesar de las críticas de hasta 400 organizaciones nacionales e internacionales en comunicados conjuntos, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha priorizado el proyecto de ley presentado por Diosdado Cabello en 2023, solicitando a los diputados iniciar consultas públicas para enriquecerlo, después de haber sido aprobado en primera discusión.
Cabello declaró que el Parlamento ha iniciado la consulta pública. Durante su programa semanal ‘Con el Mazo Dando’, transmitido cada miércoles por el canal estatal, el líder de la tolda roja afirmó: ‘Ya comenzamos la consulta pública, ya algunos comenzaron a protestar (…) pero se acabó la complacencia con las ONG en este país’.
RESUMEN DEL PROGRAMA CON EL MAZO DANDO #461 (17-01-24)
Cabello: ¡25 años de Revolución y con Chávez nosotros venceremos! https://t.co/gbJM6NesdT
Diosdado Cabello a promotores de golpe de Estado: Su ministro de la defensa está preso https://t.co/l0qoToSp8e
Cabello a la… pic.twitter.com/E6yxTOlvsH
— Con el Mazo Dando (@ConElMazoDando) January 18, 2024Desde la época de Hugo Chávez en 2005, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha debatido públicamente la necesidad de una legislación para limitar o debilitar a las ONG venezolanas, especialmente aquellas que critican la gestión gubernamental.
La Ley de Fiscalización de las ONG, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional, según advierten expertos consultados, impone controles y regulaciones mucho más extensos que las anteriores iniciativas de Cooperación Internacional promovidas por la diputada chavista Eva Golinger hace más de una década.
A pesar de contar con un amplio voluntariado, el ámbito de las asociaciones civiles y las ONG aún mantiene su vitalidad en el tejido social del país, desempeñando una efectiva función de supervisión en asuntos como derechos humanos, transparencia administrativa, corrupción, gestión ambiental, libertad de expresión y revelación de la violencia social.
