A tres semanas del vencimiento del Estatuto de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, la ciudad de Doral, en el condado de Miami-Dade, Florida, comienza a sentir las consecuencias de esta decisión. Doral, conocida como «Doralzuela» debido a su alta concentración de residentes venezolanos, alberga a más de 84,000 personas, de las cuales más del 40% tienen raíces en Venezuela. La comunidad venezolana ha sido fundamental para el crecimiento económico de la ciudad, y muchos de sus miembros podrían verse afectados por la pérdida de este estatus migratorio.
El TPS, otorgado a dos grupos de venezolanos desde 2021, ha permitido a miles de personas vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Sin embargo, la decisión del gobierno de Donald Trump de no renovar este estatus ha generado un clima de incertidumbre y temor entre los residentes de Doral. Muchos dueños de negocios y trabajadores venezolanos, que han desempeñado un papel crucial en la economía local, podrían enfrentar deportaciones o verse obligados a vivir en la clandestinidad.
La vicealcaldesa Maureen Porras ha advertido que Doral podría sufrir un «colapso económico devastador» si disminuye la comunidad venezolana en la ciudad. El concejal Rafael Pineyro, nacido en Caracas, destacó que el TPS ha permitido a muchos venezolanos contraer vínculos financieros, como la compra de vehículos y la adquisición de hipotecas, lo que ha fortalecido la economía local.
La situación ha llevado a que muchos inmigrantes comiencen a esconderse y a prepararse para vivir sin documentación. Un vendedor de un concesionario de autos informó que su empresa ha visto un aumento significativo en la devolución de vehículos, ya que los propietarios temen que la posesión de un vehículo los haga más vulnerables a redadas de deportación. Además, el tráfico de clientes en servicios como el lavado de vehículos ha disminuido drásticamente, y las ventas han caído aún más.
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El icónico restaurante El Arepazo, un punto de encuentro para la comunidad venezolana, ha visto reducida su clientela, reflejando el impacto psicológico y económico que está teniendo esta decisión en la comunidad. Manny Sarmiento, presidente de la Cámara de Comercio de Doral, advirtió que los verdaderos efectos de esta medida se verán a largo plazo, cuando se determine quiénes se autodeportarán y quiénes decidirán quedarse y arriesgarse a la deportación.
